Enviaron un equipo técnico la semana pasada a la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, y parece que para los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, eso fue más que suficiente. Ayer martes, ninguno de ellos se presentó ante la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República que los citó con más de una semana de anticipación para analizar y buscar soluciones a la situación que padecen 524 niños de la comunidad awajún, violados por sus maestros desde hace ya varios años.
Tampoco respondieron a la convocatoria la titular de Cultura, Leslie Urteaga; ni el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y tampoco el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Estos últimos prefirieron enviar a sus representantes que, de sobra se sabe, no tienen la capacidad de tomar decisiones al más alto nivel como lo exige el drama de los pequeños niños y niñas awajún, algunos de ellos incluso contagiados con VIH Sida por sus agresores.
Quienes sí concurrieron, pese a la distancia y la falta de recursos económicos, fueron los apus y dirigentes de la comunidad awajún, quienes confirmaron que denunciaron las violaciones a las autoridades del sector Educación sin que haya hasta el momento una respuesta correctiva.
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MAFIAS EN EDUCACIÓN
“Este tema lo constituimos en 2015, no es de ayer, viene de muchos años, el año pasado presentamos toda la información, pero no vemos intervención del Estado. (…) Nosotros no vamos a respetar a los profesores que están haciendo esto en sus aulas, estamos viendo de qué manera vamos a castigar a los que no cumplen”, sostuvo Teófilo Kukush Paati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.
Su reclamo y advertencia fue corroborado por Rome Rojas quien, mostrando el abultado expediente donde consigna una a una las denuncias de violación contra los pequeños awajún, reveló que en noviembre se reunieron con el director regional de Educación de Amazonas, Edgar Julca, quien, dijo, delegó en los padres la responsabilidad de denunciar los hechos ante la Fiscalía y ofreció una nueva reunión para enero que hasta la fecha no se concreta.
Pero lo más grave es que denunció la existencia de mafias en el sector. “Primero admiten a los docentes que no tienen (denuncias) y como segundos en la fila están los otros (violadores); (ellos) pagan entre 2 mil y 3 mil soles, dependiendo a qué dirección van, multiplique usted por los 800 y tantos docentes, esos monstruos que están ahí, es una red que se construye en la Dirección (de Educación), debajo está todo este negociado, por eso el director no ha dicho nada ni nos ha respondido”, subrayó.
La exministra de la Mujer Gloria Montenegro calificó de “inaudito e indignante” lo que ocurre en Condorcanqui. “Es un problema que los ministros de Educación, Mujer, Cultura, en lugar de asumirlo de manera articulada, sumando presupuestos y recursos, lo trabajan de manera aislada. Es una gran irresponsabilidad que no hayan asistido a la comisión”, declaró en Perú21TV tras advertir que a la par de un trabajo articulado se requiere la acción inmediata del Ministerio Público y del sistema de justicia para tomar acciones respecto de los docentes denunciados.
Sabía que
Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, indicó que presentará una moción de censura contra los titulares de Educación y la Mujer, pero la medida no se vería hasta la próxima legislatura que inicia el 26 de julio.
Días atrás presentó una denuncia penal contra ambos ministros por presunta discriminación e incitación a la discriminación en agravio de la comunidad awajún.
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