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Las declaraciones de algunos procuradores sobre temas espinosos para el gobierno habrían generado malestar en el Ejecutivo. Por ello, el Consejo de Defensa Jurídica, que preside el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, envío un oficio –al que tuvo acceso Perú21– a los defensores del Estado para advertirles que podrían ser sancionados si dan declaraciones a los medios sin previa autorización.
En el escrito del 10 de junio, el ministro les pide explicar por qué prestaron declaraciones a los medios sin su consentimiento, a pesar de tener conocimiento del trámite. Precisó que la "inobservancia de este trámite es una inconducta funcional sancionable".
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Si bien la medida está dirigida a todos los procuradores, el objetivo habría sido Lavado de Activos y Antidrogas.
El 7 de junio, la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, en declaraciones a Panorama, dijo que tomaría en cuenta la información difundida sobre los manejos financieros de la primera dama Nadine Heredia y específicamente sobre los e-mails y reportes de estado de cuentas que revelarían la existencia y el control de depósitos en dos bancos suizos.
Previamente, la procuradora Antidrogas, Sonia Medina, había declarado a Frecuencia Latina sobre el caso Oropeza.
MALESTAR EN DEFENSORESEn diálogo con Perú21, funcionarios de estas instituciones –quienes prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias– calificaron esta medida de "mordaza, y "censura" para evitar que los defensores del Estado hablen sobre asuntos que podrían perjudicar al gobierno".
"¿Por qué hay tanta preocupación en las declaraciones de los procuradores si ellos no pondrían en riesgo su investigación? ¿Cuál sería el objetivo de tener tanto reparo? Es la primera vez que tratan de silenciar a los defensores del Estado con este tipo de oficios. Por si fuera poco, tienen que pedir autorización a varias instancias. Habría que preguntarle a Adrianzén por qué tomo esa decisión", dijo una de las fuentes. En tanto, el procurador Anticorrupción, Joel Segura, dijo que él no se siente amordazado.
Al respecto, el ex procurador Julio Arbizu manifestó a Perú21 que los defensores del Estado deberían tener plena libertad para dar declaraciones sin pedir autorización.
"Debería haber una reforma en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para que se enfoquen en suplir las carencias que tienen los titulares de cada procuraduría y no para que los callen", aseveró.
Según el escrito, cada procurador, para dar declaraciones a los medios, debe solicitar autorización expresa al titular de la entidad de la cual depende administrativamente.
Una vez obtenido el permiso, deben pedir autorización al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a través de su secretaría técnica, indicando que cuentan con la autorización del titular de la entidad de la cual dependen administrativamente y la conveniencia para la defensa del Estado de declarar.
Asimismo, la secretaría técnica informará por escrito o correo electrónico al procurador público la decisión adoptada al respecto por el citado consejo. Es decir, un trámite burocrático como para desalentar a los medios y a los abogados del Estado.
Por Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)
