En la exposición de motivos del proyecto en cuestión se detalla que tras la destitución de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, el 1 de febrero de 2022, las consecuencias de tal decisión han generado “justificadas preocupaciones”, tanto con respecto a la designación de su sustituta, como a la vigencia real de los principios rectores asociados al cargo.