El procurador antiterrorismo Milko Ruiz dio a conocer, en declaraciones a El Comercio, que hasta la fecha se ha recaudado más de S/700 mil en efectivo por reparaciones civiles de subversivos y calculó que a fin de año la cifra llegará a S/1 millón.
A pesar de ello, la deuda al Estado por delito de terrorismo es mucho más grande. Actualmente asciende a S/5.267 millones.
Ruiz remarcó que esto es debido a lo complicado que resulta hacer efectiva la cobranza. "Estas personas no tienen bienes y tienen trabajos muy efímeros. (...) También hay muchos que evaden su responsabilidad con mañas, varían de domicilio o dicen que no vive ahí. Lo otro es que, de los pocos bienes que tienen registrados o que heredan, lo transfieren. Es la clásica.", manifestó.
La institución encargada de recaudar dichos montos es la Procuraduría Pública Especializada en Terrorismo del Ministerio del Interior. Cuando el condenado no posee dinero en efectivo, se recurre al embargo de sus bienes.
En caso que la persona tampoco cuente con bienes se opta, como última opción, por el secuestro conservativo, que consiste en "ir al inmueble donde vive y ver qué es de ella y cobrar. Estas personas tienen que vivir en algún lado, no viven bajo un puente, y lo que se pueda cobrar es de eso."
Al ser consultado sobre la situación de Maritza Garrido Lecca, ex miembro de Sendero Luminoso que pronto saldrá en libertad, el procurador informó que "ella no ha pagado ni un sol"
"Hemos hecho un registro de sus bienes. Desde el momento que ella ha estado en la cárcel no tiene ningún bien a su nombre que pueda ser materia de embargo. Tiene una reparación civil vigente, cuando ella salga libre la procuraduría, (...) hará las acciones que correspondan para ejecutar el cobro", indicó.
Los cabecillas de Sendero Luminoso a los que se les han hecho embargos son: Osmán Morote Barrionuevo (cuatro bienes); Margie Clavo Peralta y Martha Huatay (un bien a cada una). Mientras que de la cúpula del MRTA se ha embargado los bienes de Víctor Polay (4) y Alberto Gálvez Olaychea (1).