El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales, informó que se han sumado dos investigaciones preparatorias a las 18 que ya se encuentran en etapa de formalización sobre las muertes y lesiones ocurridas entre diciembre de 2002 y marzo de 2023, en las protestas contra la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte.
A través de un comunicado, la entidad indicó que la primera de ellas corresponde a la investigación por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra del comandante de la Policía Nacional Segundo Martín Ocampo Aguirre por los hechos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en la ciudad de Juliaca, donde cuatro personas resultaron heridas.
El segundo caso tiene relación con los sucesos del 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros (Apurímac), donde falleció el menor de iniciales R.P.M.L. y dos personas resultaron heridas a consecuencia del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales.
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Por este caso son investigados el ex comandante general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz; y los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.
De esta manera, a la fecha, son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos.
El último 18 de julio, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional presentó un nuevo informe en el que concluyen que la presidenta Dina Boluarte debe ser investigada por autoría mediata en el proceso penal que investiga la muerte de 50 personas durante las protestas cuando asumió la máxima magistratura del país, tras la vacancia de Pedro Castillo.
El mismo día, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso rechazó tramitar la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra la mandataria por las muertes en estas protestas antigubernamentales, varias de ellas producto de enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
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