El jefe de Estado, Martín Vizcarra, consideró que los S/524 millones que reclama la empresa Odebrecht al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como reembolso por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, deberían quedar como una “garantía” para el Perú.
“El daño que ha hecho Odebrecht al Perú es muchísimo más de 500 millones. Pienso que -cumpliendo la independencia de poderes porque respetamos las decisiones que tome el Ministerio Público y el Poder Judicial- debería haber una forma de que, si el acuerdo determina, quede como garantía porque vemos que siguen haciendo destapes de corrupción en otros proyectos que no se habían considerado”, opinó.
Para Vizcarra, se deberían tomar precauciones considerando que hay casos de corrupción en proyectos en los que se pensaba que Odebrecht no estaba involucrada.
“Hay que tomar las providencias y precauciones del caso porque es lamentable que proyectos que se pensaba, porque así lo habían dicho los actores involucrados, que no habían sido fruto de la corrupción, también han sido fruto. Pienso que amerita un análisis profundo y siempre cuidando los intereses del Estado”, afirmó el mandatario.
Finalmente, consideró que se deben tomar “las mejores decisiones en beneficio de todos los peruanos”, del Estado, la democracia y la institucionalidad, respetado la independencia de poderes.
Como se recuerda, el programa 'Panorama' reveló que la empresa brasileña Odebrecht le solicitó a inicios de julio al Ministerio de Justicia el reembolso de más de S/500 millones, tras la venta de Chaglla a un consorcio estatal chino.
El Estado Peruano le retuvo a la empresa US$319 millones, equivalentes a aproximadamente S/1.052 millones, de dicha transferencia.
De ese monto, S/435 millones fueron utilizados para que Odebrecht cancele la deuda que tenía con la Sunat; S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones de reparación civil fijado en el acuerdo de colaboración eficaz.
El resto, S/524 millones, debe retornar a las cuentas de la constructora, según el acuerdo de colaboración firmado por el Ministerio Público y la Procuraduría.
Sin embargo, el Poder Judicial estableció en la homologación del acuerdo, que la fiscalía debe informar al Ministerio de Justicia antes de devolver este dinero que “no exista investigación o proceso penal en curso” respecto a la constructora “por hechos distintos” al convenio.
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