Un año después, el país vuelve a presenciar un dramático enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Esa vez, en setiembre de 2019, el conflicto terminó con la disolución del Parlamento. Pero en esta ocasión hay una pandemia en medio y el gobierno está arrinconado con un pedido de vacancia –presentado anoche– contra el presidente Martín Vizcarra. Nuevamente, los audios aparecen para desestabilizar un gobierno en este quinquenio, como ocurrió en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski con los ‘mamanivideos’.
Ayer, el legislador Edgar Alarcón, investigado con seis procesos penales, presentó tres grabaciones ante el Pleno del Legislativo con la intención de traerse abajo a Vizcarra, que ya le había negado declarar ante la Comisión de Fiscalización que preside por el caso Swing.
Los diálogos que se difundieron fueron grabados en junio por Karem Roca, actual asistente de la Presidencia, miembro del círculo más íntimo del jefe de Estado. El 1 de junio, la fiscal Janny Sánchez intervino Palacio de Gobierno para constatar los ingresos de Richard Cisneros, el compositor autodenominado Richard Swing que suscribió 9 contratos irregulares con el Ministerio de Cultura.
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Las conversaciones se registraron en Palacio luego de esa diligencia y consistieron en coordinaciones sobre la postura de defensa ante el Ministerio Público.
En esa reunión participaron, además de Vizcarra, la secretaria presidencial Mirian Morales, el asesor de comunicaciones Óscar Vásquez y la mencionada Karem Roca.
Morales era la más preocupada. Dos visitas de Swing a Casa de Pizarro aparecían en el portal de Transparencia de la Presidencia, pero en realidad eran cinco y se temía a las preguntas de la fiscal Sánchez. El mandatario, mencionó, solo recordaba las dos que fueron declaradas oficialmente.
“Yo quisiera saber (...) si ustedes han recibido por su lado a Richard Cisneros porque el presidente no recuerda que lo haya recibido cinco veces”, se le escucha decir a la secretaria. El resto niega, pero en el registro de visitas figura que Roca recibió en octubre de 2018 al cantante.
“En mi caso no lo he recibido nunca; él siempre pedía, valgan verdades, reunirse con el presidente o contigo (...) pero yo voy a asumir lo que tenga que asumir”, contestó Karem. Lo que confesaba era un encubrimiento porque, entonces, Swing se reunió con otra persona en Palacio.
Roca había sido citada al Ministerio Público y al mandatario le urgía que manejara un mismo discurso para que la historia no tenga contradicciones. Empezó a dar instrucciones y a urdir mentiras.
“Todo tiene que ser absolutamente transparente hacia el interior. Si me preguntan ‘¿había otra reunión?’ Ni idea. No, no me acuerdo, solamente una vez, quizás dos (...) ‘oye, pero acá sale que hasta seis (reuniones)’. No sé si habrá venido, no tengo idea, no llevo un registro”, le indicaba el jefe de Estado. Es decir, avalaba una clara mentira.
“Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son las (visitas) que están registradas, y hay tres que no (...) uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Sobre estos yo no tengo responsabilidad”, insiste.
El jefe de Estado esperó a la noche para pronunciarse. Muy confiado calificó los audios de “clandestinos” y aseguró que se intenta “desestabilizar a la democracia”.
“A estos personajes no les interesa el país ni la democracia, solo quieren tomar el poder y el gobierno, estamos ante un complot contra la democracia”, refirió mientras lo acompañaban el premier Walter Martos y la ministra de Justicia, Ana Neyra. No reconoció irregularidad alguna.
Pese al evidente amaño, Neyra dijo en diálogo con Perú21 que respalda al presidente y que no advierte una causal de vacancia en lo que revelan los audios. No obstante, así no piensan algunos constitucionalistas consultados por este diario.
El abogado Natale Amprimo señaló que las manifestaciones de Vizcarra “son muy graves” y consideró que el Parlamento tiene “la responsabilidad” de tomar medidas. Ante este escenario, Amprimo deslizó la posibilidad de impulsar una moción de vacancia.
Su colega Enrique Ghersi coincidió en que esa vía es constitucionalmente amparable. “Esto implica, por lo menos, los delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia, fraude procesal y una organización criminal por la gente que participa en las reunión”, manifestó. Omar Cairo, en tanto, respaldó la postura de Neyra. “No se advierte una incapacidad para gobernar”, sostuvo.
No es casualidad que Edgar Alarcón, el legislador antaurista y miembro de Unión por el Perú (UPP), esté detrás de los audios, aplicando una vez más prácticas oscuras para desestabilizar al país en plena pandemia del COVID-19.
El excontralor enfrenta seis procesos penales. La Fiscalía le imputa los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y omisión de funciones. Todos relacionados a crímenes de corrupción vinculados a su gestión en la Contraloría. El Congreso lo destituyó por ello.
Alarcón ya había recurrido al uso de grabaciones en el gobierno de Kuczynski y provocó la caída, casualmente, de Martín Vizcarra como ministro de Transportes por el caso Chinchero. El congresista se refugia en su inmunidad para no ser procesado. La la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha pedido al Congreso levantarle esta protección. Hasta ahora no hay respuesta.