La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) se mostró en contra de la decisión de la Comisión Permanente de investigar a cuatro jueces del Tribunal Constitucional (TC) que fueron denunciados por presunto prevaricado por parte de ex marinos en relación a una sentencia del caso El Frontón.
"Yo creo que se ha armado una decisión irregular porque hoy no se cumplían los requisitos para abrir investigación", expresó Glave a Perú21, quien participó en el debate previo de la Comisión Permanente.
Según la legisladora, uno de los requisitos que no se cumplían era que el denunciante tenía que ser "agraviado formalmente". "El abogado de los ex marinos (Sergio Tapia) ha interpuesto un recurso (en contra de la sentencia) frente al Tribunal Constitucional que aún está en valoración, así que, en estricto, aún no queda claro si la persona podría verse agraviada o no por el pedido de reposición", indicó.
El otro requisito, señala Glave, es que "tiene que comprobarse que hay una infracción constitucional". "Si un magistrado hubiera recibido una coima por un voto obviamente se debe abrir una investigación, porque ahí se denuncia corrupción, pero en este caso no hay esa acusación", anotó.
Los ex marinos reclaman que los magistrados Manuel Miranda (actual presidente del TC), Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma habrían violado la "inmutabilidad de la cosa juzgada" por haber emitido una resolución en la que dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia de 2013, que indicaba que las muertes ocurridas en el debelamiento de un motín en el penal de El Frontón (1986) no constituían delitos de lesa humanidad.
En su momento, los cuatro integrantes del Tribunal Constitucional respondieron que no se alteró la sentencia de 2013, sino que se subsanó un error en el conteo de votos que afectaba la parte resolutiva.
De acuerdo a los referidos jueces, el error recaía en que si bien el ex magistrado Juan Vergara Gotelli había votado a favor de la mencionada sentencia, en la sustentación de su voto, Vergara expresó que el TC no podía pronunciarse sobre el tema de lesa humanidad, pues ello era competencia del Poder Judicial.
"Se está pretendiendo cuestionar el voto de cuatro magistrados del TC, pero ellos, como los congresistas, tienen derecho de inviolabilidad. Es decir, usted puede no estar de acuerdo con su decisión, pero no puede abrir una acusación constitucional porque una de las garantías que tienen es el de emitir su voto y no ser sometido bajo ningún tipo de autoridad por ese ejercicio", añadió Glave.
Para la congresista de Nuevo Perú, lo que pretende el Parlamento con esta investigación "es ser una especie de segunda instancia y eso es ilegal". Recordó, además, que una de las consecuencias de una acusación constitucional sería la destitución de los referidos magistrados del TC.
"Yo espero que no sea esa la intención. La discusión de fondo no tiene argumento posible. Espero que esto solo sea una especie de bravuconada, pero con el fujimorismo puedo esperar cualquier cosa", refirió.