La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró este martes que el análisis de la conducta procesal que el Ministerio Público realizó de su patrocinada para el pedido de prisión preventiva ha debido de “partir en una fecha posterior a su libertad” el 29 de noviembre, dado que la ley indica que en el peligro procesal se debe “evaluar la conducta actual" del investigado.
Indicó, en ese sentido, que su defendida no presenta “ningún tipo de peligro procesal” que justifique que se le imponga una prisión preventiva.
“Se trata de un caso de alguien que ha podido recuperar su libertad hace casi dos meses luego de casi 13 meses de prisión preventiva. ¿Cuál es el estándar del peligro procesal? El análisis que se tenga que hacer tiene que partir en una fecha posterior a su libertad, y eso no se ha producido”, sostuvo durante su intervención en la audiencia.
“El peligro procesal requiere peligro de fuga y peligro de obstrucción de justicia. No existe peligro procesal relacionado con la señora Keiko Fujimori Higuchi y esta defensa sustenta la inexistencia del peligro de fuga y la inexistencia del peligro de obstrucción”, señaló.
En otro momento, Loza aseveró que la fiscalía ha tenido un “trato discriminatorio” en contra de Keiko Fujimori y cuestionó que se busque pedir un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra “solo por ser lideresa de Fuerza Popular”.
“Su comportamiento ha sido de ciudadana normal. Más allá del trato diferenciado que no existe en su caso, existe un caso discriminatorio por su condición de lideresa de una organización política. De hecho, este solo argumento ha sido el motivo por el que estamos aquí en un nuevo pedido de prisión preventiva”, manifestó.
Más temprano, durante su argumentación del peligro procesal, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, señaló que la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el recurso de hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, indica que “sí ha habido actos de obstaculización, pero señala que la judicatura ordinaria no ha explicado cómo se vincula Keiko Sofía Fujimori Higuchi con ellos”.
Asimismo, reveló detalles de la declaración brindada por Daniel Salaverry Villa, expresidente del Congreso, a su despacho. Según indicó, Salaverry señaló que en los primeros días de mayo de 2018, Keiko Fujimori le solicitó que tomara contacto con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como el cabecilla de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.
La excandidata presidencial es investigada por presuntamente encabezar una organización criminal al interior de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) dedicada al lavado de activos.
Por este caso, cumplió prisión preventiva desde el 31 de octubre del 2018 al 29 de noviembre del 2019 cuando fue liberada luego de que el Tribunal Constitucional falló a favor de un hábeas corpus presentado por su familia.