Los funcionarios de Rafael López Aliaga

Por: Martín Hidalgo

Rafael López Aliaga siempre se ha jactado de tener los mejores cuadros técnicos en su equipo. En el arranque de su gestión frente a la Municipalidad de Lima, existen nombres de personas con alto nivel de experiencia en la gestión pública y privada, pero los filtros parecen no haber tenido el mismo rigor en todos los casos.

Entre 104 designaciones (gerentes, subgerentes y miembros de directorios), entre enero y febrero, se puede advertir que al menos 20 altos funcionarios registran cuestionamientos por denuncias o responsabilidades detectadas por la Contraloría. Algunos de ellos incluso registran imputaciones por cargos desempeñados, en gestiones pasadas, dentro de la misma Municipalidad de Lima.

La lista de cuestionamientos empieza por el gerente municipal Óscar Lozán. En 2017, un documento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, advirtió una “actuación poco diligente en la aprobación” de créditos por parte de Lozán, entonces gerente general de la Caja Metropolitana de Lima.

Lozán, según el mismo documento, había otorgado créditos, a través de nueve excepciones a José Arturo Medina Ochoa, quien brindaba servicios de asesoría a su gerencia general. Los créditos fueron otorgados pese a la opinión desfavorable de la Gerencia de Riesgos y las “evidencias de conflicto de intereses”.

Otro alto funcionario con cuestionamientos es Víctor Paulini Sánchez, actual miembro del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), encargado de los denominados “Hospitales de la Solidaridad”. Paulini postuló sin éxito a la alcaldía distrital de Magdalena con Renovación Popular, el partido de López Aliaga.

En el ámbito privado, Paulini es gerente del Policlínico Santa María Magdalena (Biolabc) y, en 2019, una mujer lo denunció ante la Policía por “tocamientos indebidos” dentro de su establecimiento de consultas. Al respecto, Paulini refirió que ese “hecho fue fabricado por algún contendor político pues yo estaba postulando a la alcaldía”.

Sin embargo, la denuncia ocurrió en diciembre de 2019, cuando no había proceso electoral en curso. “Lo lógico, si yo pretendo algo, era que salga y grite, yo siempre tengo pacientes”, refirió Paulini, quien además dijo no tener a la denunciante entre sus pacientes, ni en sus cámaras de seguridad. Además, resaltó que la denuncia fue archivada porque nunca se logró ubicar a la denunciante.

En el caso de Pedro Sagástegui Bardales, designado vicepresidente del Consejo Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), fue denunciado por los delitos de lesiones culposas agravadas y fuga del lugar en un accidente de tránsito.

Este caso es similar al revelado por Panorama sobre Humberto Guzmán Quispe, presidente del directorio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), quien registra antecedentes policiales por manejar en estado de ebriedad y darse a la fuga.

Sobre este último, López Aliaga refirió que el caso estaba en evaluación después de que el mismo funcionario expresara su voluntad de renunciar. “Tendría pena de perderlo. Yo sé que es gravísimo, pero como ser humano entiendo su situación”, complementó López Aliaga.

Intentamos conversar con el alcalde López Aliaga sobre el caso de Sagástegui, Paulini, Lozán y otros, pero este se negó a responder. Nos derivó con su gerente municipal (involucrado en la lista), pero, hasta el cierre de esta edición, Lozán tampoco respondió nuestras llamadas ni mensajes. Tampoco pudimos obtener respuesta del teniente alcalde Renzo Reggiardo.

Otros 17 altos funcionarios acumulan imputaciones (administrativas, civiles y penales) de la Contraloría (ver infografía). En seis de los casos, se trata de responsabilidades detectadas en cargos que desempeñaron en gestiones pasadas de la misma Municipalidad de Lima, a la cual hoy regresan.

Elvira Clara Moscoso Cabrera (actual gerenta de Movilidad Urbana) y Hernán Roberto Pérez Vélez (actual gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental) figuran con responsabilidad administrativa en un informe donde la Contraloría observó los procesos de contratación de servicios de pintado y compra de pinturas. Se otorgó la buena pro a un postor que no cumplía con los requisitos establecidos en las bases, y la áreas usuarias otorgaron conformidad a la adquisición sin haber verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El monto auditado superó los 6 millones de soles.

Otro caso que llama la atención es el de la actual gerenta de Administración, Jessica Patricia Villegas Vásquez, quien aparece en cinco informes de la Contraloría, y ahora es una de las responsables titulares del manejo de las cuentas de la Municipalidad de Lima. En uno de esos informes se le imputa responsabilidad penal.

Isabel Ayala Melgarejo, actual gerenta de la Mujer e Igualdad, aparece en tres informes del máximo órgano de control y registra el mismo número de imputaciones por responsabilidad penal.

Las imputaciones de la Contraloría casi nunca se han ejecutado debido a la polémica sobre la facultad sancionadora de la institución. Esto recién se regularizó en 2021, cuando el Congreso de la República aprobó una ley tipificando las conductas infractoras. Pese a ello, como la ley no es retroactiva, la mayoría de casos anteriores a esa fecha han quedado sin sanción.

Fuera de los nombramientos cuestionados, existe un factor político a tomar en cuenta en los nombramientos de la Municipalidad de Lima. El primero que salta a la vista es la designación del exalcalde de Miraflores Luis Molina y varios funcionarios de su gestión distrital. Molina fue candidato para Lima por Avanza País, pero vale recordar que llegó a Miraflores de la mano de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular).

Molina ha sido designado como presidente de Serpar y del Instituto Catastral de Lima.

Fuentes de la Municipalidad de Lima indican que los nombramientos de Molina y sus allegados demuestran la alianza que existe con López Aliaga. Pero, según las mismas fuentes, existe una pugna de poder en el círculo de confianza alrededor del alcalde y no tiene que ver con Molina. Se trata de una pugna entre el teniente alcalde Renzo Reggiardo y el regidor Julio Gagó.

Los miembros de Renovación Popular indican que ambos son los que más comunicación tienen con López Aliaga, y se ha comenzado a advertir una disputa donde cada uno viene conformando su propio equipo de aliados.

Algunas fuentes refieren que Reggiardo va ganando la partida, de momento, porque tiene de aliada a la congresista Norma Yarrow, una persona allegada desde la campaña a López Aliaga y cuya hija es regidora por Renovación Popular.

El alcalde, según las fuentes, confía en su experiencia como exrregidora del exalcalde Luis Castañeda; además de que Yarrow es aliada del teniente alcalde Renzo Reggiardo, pues llegó a participar de las filas del partido de este último, Perú Patria Segura.

Las discrepancias que Yarrow tuvo en la bancada celeste se debían a que algunos legisladores la acusaban de tener “secuestrado” a López Aliaga. Esa es una palabra que se ha comenzado a repetir, esta vez en terreno municipal. Algunos alcaldes distritales han preferido guardar una leve distancia, alegando que la nueva dupla Reggiardo-Yarrow tiene encapsulado al alcalde.