La justicia demora para sancionar a Los Cuellos Blancos del Puerto

Pero en esa audiencia, que fue reservada, hubo desacuerdos. El procurador anticorrupción Javier Pacheco pidió S/9 millones de reparación civil, un monto al que se opusieron tanto la fiscal suprema Fanny Quispe como el abogado del exjuez, Adolfo Olaechea. Pacheco adujo que ese monto representaba al daño moral causado por Ríos al traficar sentencias, lo que había provocado el inicio de 45 investigaciones.

No obstante, Olaechea replicó que su defendido no manejaba esa cantidad de dinero y se comprometió a resarcir con S/500 mil al Estado. Señaló, además, que su patrocinado no recibió “grandes sumas de dinero” a manera de coima. “Lo que recibió fueron cenas, vinos y licores”, dijo Olaechea a Perú21.

Cuando se le consultó sobre los “diez verdecitos” que se le escuchó pedir a Ríos a un candidato a fiscal, en clara alusión a una coima en dólares, el letrado alegó que “muchas veces la gente habla de cosas que no se llegan a concretar”.

La cifra de reparación no fue objetada por Quispe, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, quien en la audiencia pareció más preocupada en contentar a su colaborador que en velar por una adecuada indemnización.

La fiscal pidió 12 años de prisión efectiva para el exmagistrado.

Sin el beneficio de la colaboración, Ríos enfrentaría 35 años de cárcel si se sumaran las penas de todos los delitos que cometió en dos años, entre 2017 y 2018, al abusar del poder que ostentó.

Ríos es solo uno de los peces gordos que, de acuerdo al Ministerio Público, movía los hilos en la organización criminal. Uno más que sigue sin recibir un castigo.

El 2022 debería ser el año para ver tras las rejas a César Hinostroza, el exjuez supremo que huyó del país hace tres años cuando sabía que iba a ser detenido.

Fugó a España creyéndose impune, pero a los días de su llegada, en octubre del 2018, fue capturado. Su extradición fue aprobada por las autoridades europeas y está pendiente que se resuelva su pedido de asilo político. Este año debe ser repatriado.

Hinostroza tiene mucho por decir. Más allá de las investigaciones por las que tiene que responder, debe aclarar su relación con la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El empresario Antonio Camayo ya declaró ante la Fiscalía, como reveló este diario, que, en la conversación telefónica que mantuvo con el prófugo exjuez, le mencionó que la “señora K”, en referencia a la hoy acusada Fujimori, buscaba reunirse con él.

Camayo es otro delator del que ya no se tiene noticias. En marzo último, la exfiscal Rocío Sánchez dejó listo el cuaderno de colaboración para presentarse al Poder Judicial. Sin embargo, su sucesora Magaly Quiroz aún no lo ha entregado en 9 meses que tiene el caso a su cargo.

-Los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez fueron destituidos de sus cargos por sus vínculos con los Cuellos Blancos. No obstante, fue consecuencia de una sanción administrativa por parte de la JNJ; falta resolverse por la vía penal.

-Lo mismo sucedió con los exjueces supremos Aldo Figueroa, Víctor Ticona y Martín Hurtado.