Grande ha sido la sorpresa e indignación expresada desde el Congreso de la República en relación a la denuncia periodística que señala al primer ministro, Alberto Otárola, de haber beneficiado con jugosos contratos a una joven que sería su pareja sentimental.
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Sin embargo, la condenable práctica de intercambiar favores a través de contratos en el Estado es recurrente en todos los estamentos públicos, incluido el propio Parlamento.
El caso más mediático tiene como protagonista a la legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País). En octubre del 2023, cuando era además tercera vicepresidenta del Congreso, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
La acusación tenía relación con la presunta contratación irregular de personajes allegados a su pareja sentimental, Paul García Oviedo, exlegislador de Acción Popular. Los trabajadores beneficiados, previamente habían visitado a Amuruz en su despacho. Durante meses, Amuruz negó tener una relación sentimental con García, pero finalmente lo admitió a inicios de enero de este año.
Por otro lado, en diciembre del 2023 un informe de la Contraloría General de la República mencionó que la congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) contrató a su nuera, Francesca Pastrana, en un puesto de técnica en el Comité de Damas del Parlamento, con la venia de la entonces presidenta de este poder del Estado, María del Carmen Alva.
Asimismo, en enero de este año Willax reveló que las personas que trabajan en la Oficina de Asesoramiento Científico del Congreso no eran científicos sino, más bien, amigos del congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón y defensores de su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón.
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