Listas de candidatos al Congreso tienen a personas sentenciadas

POR FABIANA SÁNCHEZ Y ALAN BENITES

El 26 de enero, los peruanos tendremos en nuestras manos elegir un nuevo Parlamento, pero uno que nos haga olvidar el disuelto Congreso, en donde sus integrantes pasaban más tiempo defendiéndose en Ética o en las comisión de Acusaciones Constitucionales y Levantamiento de Inmunidad que en tareas propias del Legislativo.

Casos emblemáticos fueron los de Edwin Donayre, Benicio Ríos y Joaquín Dipas, quienes fueron blindados hasta más no poder para que no se ejecutaran sus condenas, y una vez prófugos, el Estado tuvo que invertir dinero para capturarlos.

Pues bien, este diario revisó las listas de postulantes por Lima de nueve partidos y detectó que en seis de ellos declararon sentencias (ver gráfico) por diversos delitos o causas civiles: Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP), Alianza para el Progreso (APP), Partido Aprista Peruano (Apra), Perú Libre (PL) y Unión por el Perú (UPP).

El artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones no prohíbe la postulación a quienes ya cumplieron condena, con excepción de quienes fueron sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.

No obstante, ¿dónde queda la ética de las dirigencias de estos partidos, que aceptan en sus listas a candidatos con antecedentes?

Algunos de estos postulantes explicaron así sus casos.

Miguel Ferreyra, de APP, dijo que su condena por falsedad es porque hace 17 años se interpuso una denuncia en su contra cuando él estudiaba Derecho y se le involucró en un “caso como si ya fuera abogado”.

Su segunda sentencia, por difamación, fue por una denuncia de un vecino del centro educativo propiedad de su esposa, que buscaba que cerraran ese nido y finalmente “hubo una reserva de fallo. Todo lo comuniqué al partido y lo consigné en el JNE”, manifestó.

Alexander Torres, del Apra, dijo que su caso es civil y que fue por un préstamo. Según alega, el banco “se excedió con la tasa de interés. Los bancos se exceden en los montos de interés y se hacen impagables. Esto sucedió hace más de 10 años, pero yo siempre he tenido una vida de acuerdo a la ley”, aseguró.

Ricardo Soberón, aspirante del partido JP, declaró una sentencia por el delito de peligro común. Dijo que cumplió con todos los procesos, “pagué mi multa, se me retuvo el brevete por tres años. Hubo un proceso de terminación anticipada y archivamiento”, indicó.

También figura el aprista Víctor Raúl Paredes Tadey, quien indicó que la sentencia por falsedad genérica se dio cuando era funcionario en la Municipalidad de Los Olivos: “Por inexperiencia me relacionaron y, claro, me corresponde declarar el hecho (...). No necesito ir al Congreso por un sueldo, queremos hacer reformas del Estado”.

SIN CONDENA

Revisamos también las listas de Acción Popular, el Partido Morado y el Frente Amplio, y en Lima no tienen representantes que hayan registrado sentencia.

ANÁLISIS

Iván Lanegra // Transparencia

No existe una norma que impida que postulen quienes ya cumplieron una sentencia, salvo que la condena haya sido por narcotráfico, terrorismo y violación. Sin embargo, la oferta de candidatos debería ser la mejor posible.

Son los partidos políticos los que tienen la primera responsabilidad de llevar una buena lista para el Congreso. Y son los ciudadanos los que tienen la responsabilidad de elegir a los más adecuados.

Por eso, la ciudadanía debe conocer los antecedentes que tienen sus candidatos para que con esa información decidan.

El otro tema está en que existe una contradicción entre asumir una responsabilidad pública y no responder por sus acciones públicas, como pasar una pensión de alimentos, pagar sus papeletas.

Igual se debe destacar que se declare ante el JNE que han cumplido una condena, porque hay casos en los que ocultan esa información.

TENGA EN CUENTA

-Doce candidatos al Congreso por La Libertad registraron sentencias por diversos delitos, según su declaración presentada al JEE de Trujillo.

-En la lista figura Axel Bailón Chiquiruna, candidata por UPP, quien en el año 2017 fue sentenciada a tres años de prisión suspendida por el delito de homicidio culposo.