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Leyes populistas y antitécnicas ocuparon la agenda del Congreso
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Entre 2016 y 2020, el Ejecutivo observó cerca de 142 proyectos de ley del Congreso. A dicha cifra se suman los proyectos de carácter populista y antitécnicos propuestos por el Parlamento que asumió funciones desde el año pasado. Haciendo un balance, el total de propuestas legislativas observadas durante dicho periodo supera a las de la gestión anterior (2011-2016), en que el Ejecutivo cuestionó 114 leyes.
La creación de distritos fue una de las iniciativas más controversiales. Durante su gobierno, Francisco Sagasti presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por 14 leyes relacionadas a la creación de jurisdicciones entre 2020 y 2021.
A inicios del mes, en una entrevista con El Comercio, el mandatario rechazó esta práctica por parte del Congreso. “El Congreso que se eligió en enero de 2020 ya era muy limitado. El ejemplo más claro son las leyes de creación de distritos. Es una función exclusiva del Ejecutivo y tiene una serie de parámetros muy claros: extensión, número de habitantes. Sin embargo, la gran mayoría de leyes que nos vimos obligados a observar son estas que contravienen la Constitución”, refirió.
Este Congreso tampoco ha podido sacar adelante la improvisada elección de los miembros del Tribunal Constitucional, proceso que intentaron ver a último minuto durante la cuarta legislatura que concluyó el pasado viernes.
Más allá de las conocidas leyes populistas, en el ámbito económico también se plantearon proyectos que no contemplaban el presupuesto de la República. El Ejecutivo advirtió los riesgos sobre la propuesta para autorizar el retiro de hasta S/17,600 de las administradoras de fondos privados de pensiones (AFP). Pese a ello, la iniciativa fue aprobada por insistencia en el Pleno.
Asimismo, en enero de este año, se observó la autógrafa de ley aprobada por el Congreso que establecía la migración automática de los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a los regímenes laborales de los decretos N°728 y N°276.
En palabras del propio Ejecutivo, la normativa contravenía el mandato constitucional que establece que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto público. Dicha ley llegó hasta el TC; sin embargo, en marzo fue aprobada por insistencia en el Pleno.
REFLEXIONES
El excongresista Gino Costa lamentó que, durante este periodo, el número de leyes observadas fuera elevado, y señaló que aproximadamente el 61% fueron aprobadas por insistencia.
“Antes, la mayoría de leyes observadas quedaban ahí, pero, en este caso, tres de cinco han sido aprobadas desconociendo la opinión del Ejecutivo. El número de leyes que han terminado en el TC es altísimo. En el Congreso anterior me parece que fueron tres las leyes declaradas inconstitucionales; en este periodo, según información que pedí al TC, hay casi 15 inconstitucionales”, reveló a Perú21.
Dijo que ello refleja que el Legislativo ha ejercido su función con un espíritu de cooperación entre poderes muy, muy bajo. “La responsabilidad de hacer la ley es del Congreso; el tema es el diálogo con el Ejecutivo. Uno observa, el otro insiste y finalmente se manda todo al TC cuando se trata de ponerse de acuerdo”, sostuvo.
Para el analista político Gerardo Távara, el Congreso saliente ha estado en determinados momentos legislando sin considerar aspectos esenciales, como la sostenibilidad fiscal de las normas.
“Hablamos de un Congreso populista porque se aprobaron leyes que no eran sustentables sobre el presupuesto. Se ha abusado de ciertas facultades, aprobando normas por insistencia e incluso algunas que no pasaron por comisiones, como la de la colaboración eficaz, que es un tema esencial en la lucha anticorrupción”, manifestó.
El nuevo Congreso tiene el reto de ser el actor del Estado que mantenga el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática en este nuevo quinquenio.
TENGA EN CUENTA
Según un balance oficial del Congreso, entre 2006 y 2011 el Ejecutivo observó 168 iniciativas del Legislativo.“Hay congresistas muy bien intencionados, con una concepción clara de lo que quieren hacer, pero no conocen los límites normativos y administrativos”, declaró Sagasti a inicios de julio.No contentos con aprobar por insistencia la eliminación del CAS, en junio de este año, congresistas de UPP y el Frente Amplio presentaron moción para interpelar al ministro de Economía, Waldo Mendoza, por “afectar derechos laborales y traicionar intereses del pueblo”.Durante su última sesión, el Pleno aprobó la ley sobre la devolución de los aportes a quienes hicieron pagos al Fonavi. Esto pese a la negativa del Ejecutivo.La premier Violeta Bermúdez cuestionó la aprobación de la ley sobre el nuevo Código Procesal Constitucional.Gerardo Távara recomendó afianzar la relación entre Ejecutivo y Parlamento para “sacar adelante las leyes que el Perú necesita”.“El nuevo Ejecutivo tiene que dotarse de una coalición importante que le permita gobernar”, dijo Gino Costa, excongresista del Partido Morado.
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