Ha pasado más de un mes desde que el Congreso de la República aprobó modificar el Código Procesal Penal reformulando, en la práctica, las competencias del Ministerio Público y de la Policía Nacional (PNP) en la investigación del delito, pero recién ayer la ley fue promulgada.
De acuerdo a la norma, la Policía tiene ahora a su cargo la investigación preliminar del delito y, en tal sentido, realizará las diligencias que correspondan; la Fiscalía, por su parte, asumirá la “conducción jurídica” de la investigación a cargo de la PNP. Sea como fuere, sus alcances ya generan controversia.
En declaraciones a Perú21TV, el exministro del Interior Carlos Morán advirtió, en primer lugar, que una ley por sí sola “no cambiará el estado de las cosas”. “Si vamos a pensar con facilismo que con una ley va a cambiar todo de la noche a la mañana, entonces estamos equivocados”, acotó.
Manifestó que la ley promulgada implica un cambio “sustancial en la estructura misma de la Policía Nacional porque toda la carga procesal va a estar en manos de ella” y, en esa línea, se preguntó si la institución está preparada para realizar esta tarea. “Acá necesitamos hacer una gestión desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para fortalecer las capacidades en infraestructura, logística, formación, para que los investigadores que se hagan cargo de esos trabajos estén a la altura, si no va a ser un tema de buenas intenciones, nada más”, subrayó.
Morán agregó que con esta norma, además, los dictámenes periciales van a estar a cargo de la Dirección de Criminalística por lo que esta requiere contar con la tecnología para ello. “Acá ha habido una injusta postergación de la labor pericial de la Policía; la ley está dada, entonces la pelota está en la cancha del Ministerio del Interior”, refirió.
Riesgo de abusos
Sobre el tema también se pronunció el exfiscal anticorrupción Martín Salas. “La norma que otorga la dirección de las diligencias preliminares a la Policía Nacional atenta contra el mandato constitucional que define como director de la investigación, desde su inicio, al Ministerio Público. No solamente eso, tiene falencias muy graves y cuestionables en el entendido de que, por ejemplo, se le da la facultad a la Policía de materializar la toma de dichos sin necesidad de que haya presencia fiscal, deja abierta la posibilidad de que el fiscal no tenga conocimiento, eso rompería el viso de legalidad que le tiene que dar justamente el titular de la acción penal que es el fiscal”, indicó.
En otro momento, recordó que si bien en algún momento la Policía investigó sola y sin participación del Ministerio Público, ello no estuvo exento de “ciertos abusos y arbitrariedades”. “Se recababan manifestaciones a través de actos extorsivos, torturas, vulnerando derechos fundamentales; podemos correr ese riesgo de que se vuelva a repetir la historia en ese extremo y de que las garantías de un debido proceso se rompan”, observó
TENGA EN CUENTA
“Como policía e investigador podría estar de acuerdo con la ley, pero hay que ver que estamos en un Estado de derecho y el Ministerio Público y otras entidades podrían verse afectadas, se le está recortando funciones (a la Fiscalía)”, indicó Morán.
Salas advirtió que “la ausencia del fiscal genera la suspicacia de que podría haberse vulnerado cualquier derecho fundamental en la investigación”.
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