Corte-IDH pide que el Congreso suspenda trámite de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

Tribunal internacional convocó a audiencia para el lunes 17 de junio.

La Corte IDH emitió hoy un pronunciamiento sobre proyecto aprobado en primera votación en el Congreso. (Foto: Corte IDH)

Fecha de publicación: 13/06/2024 – 9:41

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) pidió hoy al Congreso peruano que suspenda el trámite de la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad que está a la espera de segunda votación.

El tribunal internacional emitió una resolución a pedido de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes reclamaron por el proyecto de ley impulsado por el Parlamento.

“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley N° 6951/2023-CR (…) hasta que la Corte cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos resueltos por esta Corte”, indica el fallo.

Además, los jueces fijaron audiencia para el lunes 17 de junio, a las 8:30 am, a fin de escuchar a la defensa de los deudos.

Este jueves, el Ministerio Público también se pronunció sobre la iniciativa presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto (Honor y Democracia) advirtiendo que esa norma es “inviable”.

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) aclaró que este tipo de delitos son imprescriptibles ya que así lo estipulan el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad.

“Resulta evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional, los cuales preceptúan que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones de derechos humanos”, se lee.

La JFS alertó que de aplicarse la norma se archivarían 600 casos, entre los que aparecen El Frontón, Barrios Altas, Pativilca, Putis, Accomarca, Castro Castro, Madre Mía, entre otros. Incluso influiría de manera directa en procesos con sentencia. Todos relacionados a la época del terrorismo en el Perú.

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