SE LAVA LAS MANOS. Castillo busca evadir responsabilidad del golpe acusando al Congreso.
SE LAVA LAS MANOS. Castillo busca evadir responsabilidad del golpe acusando al Congreso.

El expresidente y su defensa, , buscan reescribir la historia y mostrar al exmandatario como la víctima de un supuesto golpe de Estado y no como el perpetrador. Durante la audiencia de tutela de derechos del expresidente, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el ex jefe de Estado aseguró que permanece secuestrado e incomunicado de su familia. Sin embargo, el juez que lleva a cabo el proceso, lo desmintió.

Le preciso señor Castillo, usted no está secuestrado, hay una orden judicial por la que usted está con prisión preventiva. Y segundo, esta audiencia ha sido para escucharlo y atender los requerimientos que usted hace, así como los argumentos de la Fiscalía”, dijo.

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La audiencia se da luego de que la defensa del exmandatario considerara que los derechos de Castillo se vieron vulnerados durante la investigación y aseguró —falsamente— que la Fiscalía no admitió las peticiones de la defensa. Pachas pidió que se cite como testigos al presidente del Congreso, José Williams, a las congresistas Martha Moyano, Patricia Chirinos y María del Carmen Alva, quienes, dijo Pachas, anunciaron antes del golpe de Estado que “Castillo no pasaba de 2022″. Asimismo, pidió que se cite a Lina Sánchez, la exsecretaria del entonces ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, debido a que en una entrevista con Milagros Leiva, Sánchez aseguró que el 7 de diciembre se cortó la luz en el Mindef y no se pudo registrar las visitas de ese día, entre las que estuvo el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez. Así mismo, pidió que se cite al congresista castillista Américo Gonza, quien, según Pachas, el 7 de diciembre recibió a un emisario que le dijo que Dina Boluarte era la presidenta.

Además, la defensa del expresidente golpista pidió que se interrogue a la exfiscal , pero no para relatar hechos sobre el 7 de diciembre, sino para que ataque a la Fiscalía. “¿Por qué no puede ella hablar para ver cómo este Congreso viola el Estado de derecho y la Fiscalía es su cómplice?”, dijo.

Según el abogado, estos sucesos demostrarían una presunta coordinación para dar un golpe de Estado contra el vacado Castillo y acusó a la Fiscalía de no admitir las peticiones. Sin embargo, la fiscal Galinka Meza enfatizó que “se ha admitido en parte los actos de investigación solicitados y rechazando otros por carecer de pertinencia, utilidad y conducencia”. En ese sentido, señaló que se ha admitido la prueba de Lina Sánchez, dado que “versaría sobre presuntos actos de coordinación previa al mensaje a la Nación, así como las presuntas amenazas de destitución de Sánchez”. Mientras que las demás peticiones fueron declaradas impertinentes, dado que no “acreditan o desacreditan” las imputaciones contra Castillo por el golpe de Estado.

El presunto golpe de Estado del Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo no es materia de la presente investigación preparatoria”, señaló la fiscal y pidió al juez declarar infundadas las peticiones del expresidente y su abogado. Es decir, las acusaciones de Pachas no reducen la responsabilidad de Castillo en haber anunciado el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia que lo investigaba por actos de corrupción.

TUTELA SIN FUTURO

El penalista le dijo a Perú21 que un investigado puede solicitar que determinadas personas brinden una declaración testimonial, pero para ello se debe de cumplir ciertos requisitos: pertinencia, utilidad y cuál es el objetivo que persigue que esa persona testifique.

Si no se cumple con esas exigencias, no tiene ninguna razón para que esas personas vayan a testificar. Y a partir de ahí se ha planteado la tutela, yo creo que esa tutela no tiene futuro”, señaló.

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