Keiko Fujimori: Santiago Gastañaduí interviene en la pesquisa contra Fuerza Popular

Si alguna vez amordazaron a una procuradora para que no hablara sobre el caso de Nadine Heredia, ahora un congresista del gobierno presiona a otra defensora del Estado para direccionar el curso de una investigación fiscal al partido Fuerza Popular (FP), que dirige la actual candidata a la presidencia, Keiko Fujimori.

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Según pudo conocer Perú21, el 15 de marzo, a través de un oficio, el legislador Santiago Gastañaduí –primo político de la primera dama– le solicitó al ministro de Justicia, Aldo Vásquez, que "se sirva instruir a la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante delitos de lavado de activos" para que intervenga en la investigación que le siguen a Fuerza Popular, con la finalidad de que el caso sea derivado de una fiscalía común a una especializada (lavado de activos).

El legislador oficialista sustentó su pedido basado en una recomendación de la División de Investigación de Lavado de Activos de la PNP (Dirila), que mediante informe 09-01-DIRILA-PNP –documento que Gastañaduí adjuntó en su oficio– dirigido a la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima (FPPL), a cargo de las investigaciones a Fuerza Popular, recomienda que la investigación, por ser compleja, pase a una fiscalía especializada en delitos de lavado de activos. La denuncia contra FP fue interpuesta en octubre del 2015 por el ex militante nacionalista David Apaza Enríquez al sostener que los aportes reales a la agrupación fujimorista para la campaña del 2011 no guardan relación con lo declarado ante la ONPE. La denuncia fue derivada a la 26° FPPL.

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Luego de algunos días de haber ingresado el caso, la Fiscalía notificó a la agrupación política fujimorista el inicio de la investigación. En ese entonces, la vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, advirtió que había una motivación política en la denuncia debido a que Apaza estuvo ligado al partido de gobierno.

NUEVA ARREMETIDAEl 22 de marzo, Gastañaduí presentó un nuevo oficio al ministro de Justicia adjuntando una copia del informe especial de este diario sobre los aportes a Fuerza Popular.

Al legislador nacionalista no le bastó dirigirse al ministro de Justicia, sino que también acudió al Ministerio Público. Así, el 22 de marzo, envió otro oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en el mismo sentido de pedir que el caso de Fuerza Popular sea derivado a una fiscalía de lavado de activos, adjuntando también el informe publicado por este diario.

El fiscal Sánchez Velarde, según pudo conocer este diario, derivó la carta al fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos. Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que el pedido del parlamentario generó malestar en la institución y explicaron que en una investigación abierta solo el denunciante y las autoridades pueden tener acceso a los actuados. El comentario lo hicieron porque Gastañaduí adjuntó, en su carta, copia del informe de la Dirila, que tiene carácter reservado, y además porque el cambio de sede fiscal obedece a criterios técnicos y legales, y no a presiones políticas.

En el Ministerio de Justicia fueron diligentes con el requerimiento de Gastañaduí, pues el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Percy Curi Portocarrero, habría enviado hasta tres oficios a la procuradora adjunta Janet Briones, informándole del pedido del parlamentario nacionalista. En el tercero de ellos, el funcionario le habría requerido que le informe cuál es la estrategia con miras a lograr el objetivo de trasladar el caso del partido fujimorista a la Fiscalía de Lavado de Activos.

Sin embargo, Briones habría respondido con un informe escueto dejando en claro que su participación como abogada del Estado se ciñe estrictamente a la ley.

El pedido de Gastañaduí coincide con las declaraciones posteriores, del 2 de mayo, que dio el presidente Humala, quien se quejó ante los medios sobre por qué a otros partidos "se les investiga en una fiscalía común" y no en una especializada, en alusión a Fuerza Popular.

RESPONDE GASTAÑADUÍEl congresista reconoció a este diario haber remitido los oficios al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía, y se mostró incómodo porque hasta la fecha no le han respondido. "La investigación debe pasar a una Fiscalía de Lavado de activos. Por eso le he pedido al fiscal de la Nación, como titular del pliego, para que instruya que ese tipo de denuncias deben tramitarse conforme al procedimiento que le corresponde".

Dijo que su objetivo de dirigirse al ministro, como jefe de los procuradores, es porque la procuradora "es quien puede presionar al fiscal para que pase esta investigación (contra FP)… ella puede activar los mecanismos para que se derive a la Fiscalía especializada". Agregó que no es una intromisión a los fueros judiciales y que se dirigió a las autoridades como titulares del pliego.

RESPUESTA DE FUERZA POPULAREl congresista Héctor Becerril afirmó que Gastañaduí "se sobrepasó en sus funciones. Es una grave injerencia en otros poderes. Cree que porque son gobierno, van avasallar".

FISCALÍA LO PUEDE DENUNCIARVíctor García Toma – ConstitucionalistaEs una clara intromisión en la autonomía de una investigación. Es cierto que las autoridades públicas están obligadas a informar a los congresistas que lo requieran, pero en el ámbito de las investigaciones judiciales pueden negarse, en la medida que tienen que proteger la confidencialidad de las pesquisas para que no se vean entorpecidas. Bajo ningún punto de vista puede el congresista intervenir en una investigación judicial. Si el fiscal de la Nación tramita el pedido del parlamentario (nacionalista), estaría abdicando justamente a una de las garantías que le da el Congreso de la República, de dirigir una institución autónoma. El Ministerio Público lo puede denunciar.