Esta mañana la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza Ávalos, presentó en la Sala Penal Nacional el recurso de apelación para que se revoque la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho que ordenó ayer la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular (FP).
En el escrito, presentado a las 10:41 a.m., la letrada indica que el mandato de prisión lo ordenó el magistrado “vulnerando su función de juez de garantías, amparando un requerimiento fiscal que lesiona el principio de proscripción de la arbitrariedad por ser inexacto e impreciso”.
Acto seguido, arguyen que Fujimori no ha obstaculizado el proceso ni hay peligro procesal, y que prueba de ello es que fue detenida en la sede de la Fiscalía del Jr. Santa Rosa, en el Cercado de Lima, adonde acudió voluntariamente “y cumpliendo su deber, como ha venido demostrando a lo largo de toda la investigación, para rendir su declaración conforme a la citación del 21 de setiembre”.
Además, Loza, amparándose en el derecho constitucional a la libertad individual y a la presunción de inocencia, sostiene que, en el caso de su defendida, “no concurren los presupuestos para la adopción de la medida de coerción personal – detención preliminar judicial”.
Asegura que la orden de prisión se sostiene en que Fujimori cometió el delito de lavado de activos “por el solo hecho de ser presidente del partido político FP”.
También impugnan la mencionado por Concepción Carhuancho en su fallo respecto a que Fujimori no tendría “arraigo de calidad” en el Perú, por vivir en un domicilio alquilado y no tener arraigo laboral conocido. Según la defensa de la ex candidata presidencial, “sí existe de manera clara y contundente el arraigo de calidad, por lo que no existe peligro de fuga”.