El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, planteó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conformar una mesa de trabajo con representantes de ambas instituciones para tratar de solucionar las demandas de los trabajadores judiciales y evitar el inicio de una huelga general en los próximos días.
Como se sabe, empleados exigen su exclusión de la Ley del Servicio Civil, la aprobación del Proyecto de Ley de la Carrera del Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo, y el cumplimiento de la escala remunerativa acordada en el 2012.
Por ello, Enrique Mendoza propone (mediante oficio) al ministro de Economía, Luis Castilla, convocar, a la brevedad, a una mesa de trabajo para "viabilizar los justos y racionales requerimientos de los servidores de este poder del Estado".
El magistrado advirtió que una paralización de las labores jurisdiccionales perjudicará no sólo al Poder Judicial, sino también a la ciudadanía, al propio Ejecutivo y al Estado de derecho.
De acuerdo con cálculos estimados del PJ, en un día de huelga se dejaría de resolver en promedio 4,159 casos, de los cuales la mitad corresponden a las materias de familia (alimentos, violencia familiar) y laboral, que son las que afectan a la mayor parte de la población.
Asimismo, en materia penal se dejarían de resolver 1,282 procesos, se frustrarían 2,227 audiencias, no se recibirían 3,893 nuevas demandas o denuncias, y se dejaría de realizar 70,000 notificaciones.