Poder Judicial pide destituir a 3 magistrados por presuntos vínculos con César Álvarez. (Mario Zapata/Perú21)
Poder Judicial pide destituir a 3 magistrados por presuntos vínculos con César Álvarez. (Mario Zapata/Perú21)

Redacción PERÚ21

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El Poder Judicial solicitó la destitución de 5 magistrados por presuntas graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones, entre ellos 3 jueces que estarían vinculados con el ahora exgobernador regional de Áncash, , quien se encuentra preso en el penal de Piedras Gordas.

Según informó el Poder Judicial, en la relación figuran Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín, quienes habrían cometido supuestas graves conductas como jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Áncash.

"A ellos se les atribuye haber vulnerado el deber de motivación de las resoluciones judiciales al declarar fundada, aparentemente de manera irregular, una demanda de hábeas corpus del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez (hoy en prisión), para no ser investigado por la fiscalía por el denominado caso "La Centralita"", explicó en una nota de prensa.

También se solicita la misma sanción para el exconsejero Luis Alberto Vásquez Silva, quien en el año 2012 se habría reunido con la entonces suspendida alcaldesa de Tocache, Corina De la Cruz, para ofrecerle ejercer "injerencias en causas pendientes de esta persona".

De acuerdo con las pesquisas, el magistrado le habría solicitado a la burgomaestre un adelanto de cinco mil dólares para favorecerla en un proceso judicial, así como en un procedimiento administrativo en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El Poder Judicial también propuso la destitución de Juan Alfredo Maquera Luque, juez del Segundo Juzgado Civil de la Corte de Tacna, por haber concedido supuestamente de forma ilegal una medida cautelar que permitía importar vehículos usados con un año más de antigüedad y sin cumplir los requisitos establecidos por ley.

El titular de la institución, Víctor Ticona, presentó el pedido al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) luego de que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) culminara los respectivos procesos disciplinarios.