Ahora la pasarán como cualquier trabajador del Perú, que debe pagar su desayuno, almuerzo y cena con la suya. Ayer, en una conferencia de prensa de la plana administrativa del Parlamento, Pablo Noriega, director general de Administración, anunció que ya no habrá bufet para los parlamentarios y que cada uno tendrá que asumir el costo de su propia alimentación.
Reconoció que se adoptó esta decisión solo porque la prensa destapó el escándalo. “Tras el reportaje, cambiará la política de alimentación que se presentaba durante las sesiones parlamentarias. Producto del análisis que se viene realizando a partir de la fecha, se ha comunicado a Recursos Humanos que se deja sin efecto la entrega del bufet; pero quiero dejar en claro que en el reportaje se manifestaba que se pagaba S/180 y no es cierto”, dijo Noriega.
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Y añadió: “A partir de la fecha, se le está pidiendo al comedor un menú variado, con los diferentes temas de nutrición, pero que va a ser cubierto por el usuario y no por el presupuesto del Congreso, ni siquiera en las sesiones parlamentarias”.
¿Pero es el único lugar donde se abusa de los dineros del Estado con gollerías de este tipo? Evidentemente, no. Ministerios, organismos autónomos y otros poderes del Estado también podrían estar incurriendo en lo mismo y es ahí donde la Contraloría General de la República debe poner también los reflectores.
Noriega también se refirió al alquiler del estacionamiento y aseguró que este lugar no es para congresistas, sino para el personal administrativo.
Aseguró, además, que ese servicio continuará y que, a comparación de otras cocheras –que tienen una tarifa de S/4 la hora–, esta le cuesta al Congreso S/ 1.10 la hora.
El caso del bufet ha llegado a tal extremo que el abogado cajamarquino Javier Adrianzén Carreño decidió presentar una denuncia penal por colusión en contra del presidente del Congreso, José Williams Zapata. Según detalló a Perú21, presentó la denuncia debido a que “es una indignación por el despilfarro en alimentos; los indicios de que cierta empresa ha sido favorecida significa que posiblemente se habla de colusión y el congresista tendrá que ser investigado por la Fiscal de la Nación”.