José Luna ya no será investigado por el equipo especial del caso Cuellos Blancos

El último jueves se advirtieron las primeras movidas para la reestructuración del equipo. Ávalos designó a María del Carmen Arango Yamashiro como fiscal del Cuarto Despacho de Crimen Organizado en el Callao.

El primer despacho lo ocupaba Sánchez; el segundo era de Castro; y en el tercero se mantiene la fiscal Roxana Jáuregui. Estas son las plazas que integran el equipo especial.

En el puerto chalaco es donde se originaron las interceptaciones telefónicas que destaparon la red criminal de jueces y fiscales que traficaban con sentencias. Las fiscales Sánchez y Castro iniciaron esas pesquisas en 2018.

Arango tendrá un solo propósito: encargarse de las investigaciones ajenas a Cuellos Blancos. Una de ellas era de principal interés para la fiscal Castro.

Es el caso que compromete al líder de Podemos, José Luna Gálvez, con el pago de coimas para conseguir la inscripción de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El caso Luna empezó siendo competencia del equipo especial, pero a medida que se consiguieron pruebas se advirtió una organización criminal distinta a la de los magistrados.

Acá se sindica al candidato al Congreso de ser cabecilla de la banda, no al exjuez César Hinostroza. Por eso Pablo Sánchez dispuso el último viernes que sea visto por un fiscal de Crimen Organizado, confirmaron fuentes cercanas a su despacho.

La designación de María Arango no fue consultada al coordinador nacional de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina. Se trató de una imposición de Ávalos.

“Chávez Cotrina se enteró del nombramiento por la resolución publicada en el El Peruano”, indicaron fuentes cercanas al fiscal superior. Tras esa publicación, la misma Arango llamó a su superior para comunicarle de su cambio, según las mismas fuentes.

Roxana Jáuregui es la fiscal que quedó tras las salidas de Sánchez y Castro. Se trató de otra imposición de la titular del Ministerio Público porque el coordinador del equipo también la quiere fuera.

“Jáuregui no avanzó con las investigaciones que le encomendaron y lo único que hizo fue denunciar a la fiscal Sánchez”, indicaron fuentes fiscales a Perú21. Solo Zoraida Ávalos confía en su labor.

La fiscal Jáuregui tiene en sus manos las 12 colaboraciones eficaces que antes manejaba Rocío Sánchez, incluyendo la del empresario Antonio Camayo. La declaración del dueño de Iza Motors es la que hunde a Hinostroza y a su séquito.

El acuerdo de colaboración de Camayo ya está cerrado y solo falta entregarlo al Poder Judicial para su homologación.

Pero Jáuregui también tiene en su poder la carpeta del colaborador 2109-18, el mismo que señaló al operador de Luna, José Luis Cavassa Roncalla, de haber estado detrás del ascenso de Zoraida Ávalos como fiscal suprema en 2013. Cavassa, ha quedado evidenciado, manejaba a su antojo al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente que se encargaba de nombrar a jueces y fiscales.

Sánchez ya propuso hasta cinco nombres a Ávalos para reemplazar a las removidas fiscales, pero dos son de su principal interés. Una es la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas Ganoza, que actualmente investiga el caso Richard Swing; y el otro es el fiscal contra el crimen organizado Arturo Mosqueira.

Sánchez-Porturas encabezó un operativo en Palacio de Gobierno en julio del 2019 para recabar los registros de visitas del artista. El sospechoso de haber beneficiado a Cisneros con contratos en el Ministerio de Cultura es el entonces mandatario Martín Vizcarra.

Mosqueira, por su parte, es un especialista desbaratando redes delictivas. En 2020, además, ganó el tercer puesto del concurso buenas prácticas en transparencia e independencia judicial.

La reestructuración del equipo especial Cuellos Blancos depende de la fiscal de la Nación. Veremos si acoge la propuesta del coordinador Pablo Sánchez, quien estaría evaluando su continuidad ante la desatención de Ávalos.

-La Junta Nacional de Justicia abrió proceso disciplinario contra las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro por su reunión secreta con Martín Vizcarra. En tres meses, ambas pueden ser destituidas del cargo, la sanción más severa y deshonrosa para un magistrado.

-La investigación a los Cuellos Blancos empezó en 2018, pero hasta ahora no se consiguen condenas a los principales integrantes de la red criminal. Por eso caso fueron destituidos de sus cargos el exfiscal supremo Pedro Chávarry y el exjuez supremo Aldo Figueroa.