El fiscal José Domingo Pérez se pronunció momentos previos a que inicie la diligencia de extracción de información de los celulares del expresidente Alan García.
El miembro del Equipo Especial Lava Jato indicó que la intervención se da con motivo a hechos durante el segundo gobierno aprista. En ese sentido, señaló que los investigados en cuestión son Luis Nava Guibert, exsecretario general de la Presidencia, así como Enrique Cornejo, exministro de Transportes, y otras personas.
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“Esta diligencia tiene vinculación con el caso Metro de Lima y otros casos que llevaron a consecuencia funcionarios del segundo gobierno del expresidente Alan García. (...) Están involucrados tanto el señor Luis Nava Guibert, Enrique Cornejo y otros investigados, tanto por delitos de colusión como de lavado de activos”, indicó este viernes.
Más temprano, Erasmo Reyna, abogado de la familia del exmandatario, aseguró que se busca hacer un “circo” con la apertura de los teléfonos y calificó de inconstitucional la medida.
“Eso es lo lamentable, lo abusivo, lo arbitrario, lo inconstitucional y finalmente lo nefasto para un sistema de justicia que no se cansa de ver este tipo de arbitrariedades que se vienen cometiendo desde el Ministerio Público”, aseguró Erasmo Reyna
Al ser consultado sobre estas declaraciones, el fiscal Pérez negó que se haga un “uso mediático” de la información de los celulares del difunto presidente.
“Descarto de que pueda haber cualquier tipo uso de mediático, toda vez que esta diligencia cuenta con la autorización judicial”, enfatizó.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público señaló que los teléfonos fueron incautados por la Fiscalía de Miraflores el día que murió García.
“Hay que recordar que estos equipos fueron incautados pro la fiscalía de Miraflores, quien es la que participa en el recojo de evidencias inmediatamente después del suicidio del expresidente y, a partir de ahí, es entregado a la fiscalía de lavado de activo, y nosotros solicitamos las autorizaciones judiciales”, indicó.
No obstante, señaló que “desde aquel año, las defensas han solicitado medidas para evitar que se pueda llevar a cabo estas diligencia”.
“Al haber obtenido la resolución definitiva, procederemos a lo que es el deslacrado y el recojo de la información”, señaló.
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