Días antes del reinicio del juicio de Ollanta Humala, el pasado 10 de octubre, Jorge Barata tenía las maletas hechas para viajar a Buenos Aires, Argentina.
El exdirectivo de Odebrecht iría a la embajada peruana de ese país para cumplir con su declaración virtual, como mandaba el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió en 2018, según pudo conocer Perú21.
El fiscal Germán Juárez, quien lo interrogaría en la audiencia, ya sabía que Barata no llegaría al Perú, pero pediría al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, a cargo del juicio, que le permita continuar la diligencia vía Zoom.
Con ese testimonio, Juárez tendría la prueba más contundente para demostrar que Humala financió su campaña de 2011 con los US$3 millones ilícitos donados por la constructora. Sin embargo, todo cambió de un día para otro.
De pronto, el domingo 7 de octubre, un escrito membretado por el estudio del abogado César Nakazaki anunciaba a los fiscales del equipo especial Lava Jato, en primer lugar, que Barata había cambiado repentinamente de defensa legal.
José Marcelo Allemant, con quien había trabajado en los últimos cinco años, fue retirado intempestivamente y su lugar lo ocuparía Nakazaki.
El segundo anuncio era que el exejecutivo brasileño ya no se presentaría en la audiencia de Humala. El nuevo abogado alegaba, por un lado, que no se estaba cumpliendo con el debido procedimiento para recoger la manifestación de su patrocinado.
Indicó que la Fiscalía peruana debía enviar un pedido vía cooperación internacional a Brasil para que un juez autorice la declaración.
La excusa para enfatizar en ello era una sentencia emitida en setiembre por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
Esa resolución impide a los exejecutivos de Odebrecht pronunciarse en el caso Humala sobre las evidencias obtenidas a través de MyWebDay y Drousys, los sistemas informáticos donde la compañía registraba el pago de coimas a distintos políticos.
Barata prefirió así armar una barrera legal, con un abogado que ha defendido a Humala, que acatar el acuerdo de colaboración que lo blindó durante seis años.
Respiran aliviados
Quienes sonríen con este inesperado desenlace son los investigados y acusados. La posibilidad de que los procesos tambaleen es real.
El testimonio de Jorge Barata no solo es necesario para el caso Humala, sino también en el juicio que se iniciará contra Keiko Fujimori y Alejandro Toledo.
El exsuperintendente de Odebrecht es el autor directo de la entrega de coimas y del financiamiento ilegal de campañas políticas. Ninguna otra prueba será tan precisa como su relato.
El acuerdo que firmaron el equipo especial Lava Jato y Odebrecht protege la información que corrobora el pago de coimas para la adjudicación de cuatro obras: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco y el tramo Callao de la Vía Costa Verde.
Eso sí, si la jueza Margarita Salcedo levanta los beneficios penales de Barata, la Fiscalía deberá usar otras evidencias, y ya no las entregadas por el aún colaborador, para constatar los delitos en otros procesos.
En 2018, Barata transfirió a sus hijas Daniela y Gabriela cuatro inmuebles; uno de ellos fue un departamento en San Isidro valorizado en US$570,500. Lo hizo cuando negociaba su situación legal con la Fiscalía.
La Procuraduría podría ir tras estos bienes para asegurarse una reparación civil, aunque ello tomará tiempo. Parece que el exejecutivo brasileño siempre estuvo preparado para salirse con la suya.
Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato: “Se deberá activar la extradición”
El escenario de la revocatoria era posible porque estaba contemplado en el acuerdo. No era ideal, pero sí estaba prevista una sanción.
Como Procuraduría, advertimos que Barata incumplió con asistir al juicio de Humala hasta en cinco oportunidades, razón por la cual se ha solicitado la revocatoria de sus beneficios penales.
Lo que sucederá ahora es que se imponga una pena por los delitos que Barata ya reconoció y que ya se corroboraron.
El acuerdo de colaboración eficaz incluye a Odebrecht y a otras tres personas naturales, además de Barata.
Por los cuatro proyectos que forman parte del acuerdo, Barata ya no pagará reparación civil, pero sí por las nuevas obras donde se conoce que la empresa ha cometido hechos ilícitos con él siendo jefe.
Entonces, se tienen que activar los procedimientos para la extradición. Existen los instrumentos internacionales, como la convención de la ONU contra la corrupción, bajo la cual se contempla el principio de reciprocidad. Así se han producido extradiciones sin tratados.
Romy Chang, penalista: “Fiscalía tendrá que reajustar su estrategia”
Definitivamente, habrá un impacto si se cancela el acuerdo de colaboración, porque se cae toda la información que Jorge Barata ha aportado directamente, pero ello no necesariamente afectará el éxito que pueda conseguir el equipo especial.
El Ministerio Público puede acreditar con otras evidencias los delitos que se cometieron. En el caso Metro de Lima hay elementos adicionales, donde no solo pesa la declaración de Barata.
Pero si se quiere acreditar que hubo aportes a campaña, eso sí será difícil, porque si el resto niega esa versión, ¿entonces cómo va a hacer el equipo especial para demostrarlo? La Fiscalía deberá hacer un reajuste en su estrategia.
Lo más probable es que los fiscales pidan la prisión preventiva y se dará una orden de captura internacional, pero en la práctica no va a pasar nada; Barata no saldrá de Brasil porque él está siendo investigado allá. Brasil no lo va a soltar, no vendrá detenido.
No sé por qué el equipo especial dejó que la declaración del exdirectivo de Odebrecht sea presencial; era obvio que no iba a venir.
Fernando Silva, penalista: “Hay delitos de Barata que ya prescribieron”
La jueza debe evaluar si el incumplimiento de Jorge Barata es doloso o si sucedió por alguna imposibilidad. Habría que ver qué dice la sentencia de colaboración a la que nadie tiene acceso.
Los fiscales tendrían que haber sido muy torpes para haber permitido que la citación del juicio haya sido de una forma no contemplada en el acuerdo.
Si el beneficio por su colaboración fue la absolución, correspondería una condena. Ya no habría razón para que sea procesado porque él ya reconoció los delitos.
Sin embargo, ya han pasado más de ocho años de los hechos ilícitos (como los aportes de campaña), y Barata no ha sido funcionario. A la fecha, varios delitos que se le imputan deben de haber prescrito.
No será posible la extradición del exejecutivo. El artículo 5 de la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus connacionales.
Si bien hay acuerdos anticorrupción internacionales, la defensa de Barata será sencilla: me acogí a la colaboración porque la empresa me obligó. Con eso su compromiso estaba condicionado.
