Una vez más, la Comisión de Ética del Congreso decide no investigaría un presunto caso de conflicto de intereses. El informe de calificación N° 27-2013-2015/CEP-CR, que se debe debatir el próximo lunes, declara que no procede iniciar indagación contra el nacionalista Jhon Reynaga, pese a que la empresa que fundó en 2008 siguió contratando con el Estado aún después de haber sido elegido parlamentario.
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La secretaría técnica de la comisión determina en su informe que la empresa Constructora Reynaga SAC trabajó para los beneficiarios del Bono Familiar Habitacional y no para el Fondo MiVivienda.
Asimismo, sostiene que el hecho de que Gady Rojas Domíguez, hermana de una de las asesoras de Reynaga en el Congreso, sea accionista de la compañía resulta insuficiente para atribuir alguna inconducta.
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El preinforme de la Comisión de Ética no toma en cuenta la resolución de la OSCE N° 554-2012-OSCE/DRNP, la cual resolvió declarar nula la inscripción de la constructora como ejecutor de obra. Esto debido a que se advertía la infracción al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, al mantenerse Cándido Reynaga, hermano del congresista, como gerente general de la empresa.
Si bien, los Reynaga aducieron que se transfirieron acciones a Nora Escobar Torres y Gady Rojas Domínguez, la OSCE les recordó que la ley impide ser postores y contratistas en todo proceso de contratación pública, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, a congresistas y a parientes que alcancen hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Al respecto, el legislador fujimorista Juan José Díaz Dios señaló que lo ideal es abrir investigación, y si en el camino no se encuentran las pruebas suficientes archivar el caso. "Está sucediendo lo mismo que con el caso de Carmen Omonte, que no se permitió iniciar investigación", sostuvo.
Díaz Dios también alertó sobre la demora en el informe final respecto a la denuncia contra la nacionalista Cenaida Uribe.