La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente ante el Congreso al exlegislador aprista Javier Velásquez Quesquén a quien le imputa el delito de tráfico de influencias por sus vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.
La denuncia también alcanza al excontralor y hoy congresista Edgar Alarcón (UPP), a quien se le atribuye el delito de cohecho pasivo propio. Al exparlamentario Marvin Palma Mendoza también se le imputa tráfico de influencias.
MIRA: Junta Nacional de Justicia suspendió al fiscal supremo Tomás Gálvez por seis meses
A Velásquez Quesquén se lo investiga por supuestamente haber intercedido, en agosto de 2017, en favor del detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, para concertar una reunión con el entonces contralor.
Según la hipótesis, Cornejo -sindicado cabecilla de la referida red criminal- buscaba que la Contraloría descongele las cuentas bancarias de la Municipalidad de Chiclayo, medida que había sido dispuesta por malos manejos de sus funcionarios. De acuerdo a la indagación, Alarcón habría recibido S/30 mil a cambio
Esta sería la tercera denuncia constitucional contra el congresista de Unión por el Perú, a quien ya se lo investiga por enriquecimiento ilícito y peculado doloso.
De acuerdo a la denuncia, Palma también intercedió para concretar el encuentro con el extitular de la Contraloría, que se habría realizado el 9 de agosto de 2016.
MIRA: Fiscal de la Nación interpone dos denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón por su gestión como contralor
La investigación indica que Velásquez Quesquén y Palma habrían “hecho prometer para sí diversos beneficios económicos (obras) a David Cornejo Chinguel, exalcalde la Municipalidad de Chiclayo para promover la reunión para tratar el levantamiento de la medida de suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la municipalidad”.
La denuncia constitucional deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, ya que es el encargo de dar trámite al antejuicio. De acoger la acusación fiscal, su decisión tendrá que ser ratificada por el Pleno del Congreso.