El juez supremo Javier Arévalo ha sido electo presidente del Poder Judicial para el periodo 2023-2024, pero su mandato no está garantizado. No solo debe superar un pedido de destitución en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y su eventual ratificación en el cargo, sino que aún debe responder por una denuncia de discriminación.
La ONG Demus insiste con que se imponga una sanción al magistrado por expresiones contra la comunidad LGBT que este suscribió como integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 2020.
El 8 de enero de ese año, Arévalo emitió un voto singular desconociendo una de las disposiciones actualizadas de “Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”.
Estas reglas son estipuladas por los poderes judiciales de los países de la región, a las cuales debe adecuarse el sistema de justicia peruano.
Si bien el Consejo Ejecutivo aceptó adherirse a la actualización, lo hizo desconociendo la Regla N° 4, que estipula como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género. Es decir, hacía un lado a la población homosexual.
En su voto, Arévalo fue tajante y señaló que solo existen dos tipos de géneros, hombre y mujer, y que la orientación sexual solo podía entenderse de forma heterosexual.
“Biológicamente solo es admisible la existencia del género masculino y femenino (...) en consecuencia, no puede considerarse como causas de vulnerabilidad a la orientación sexual o la identidad de género, pues, de ser así, resultaría que estaría aceptando como causal de vulnerabilidad el ser varón o mujer o el identificarse en tales calidades”, indicó.
Esa decisión fue impugnada por la jueza suprema Janet Tello, quien precisamente presidía la comisión que debe ejecutar las Reglas de Brasilia, y por la hoy titular de la Corte Suprema, Elvia Barrios.
En julio de 2020, el Consejo Ejecutivo dispuso adecuarse a las reglas de forma plena, pero solo porque las juezas apelaron.
En ese mismo mes, Demus pidió a la JNJ que inicie una investigación contra Javier Arévalo por “falta grave” al violar la Ley de la Carrera Judicial.
Según alegó, el magistrado promueve la discriminación contra las personas LGBT y desconoce sus derechos. El requerimiento motivó a que la JNJ pida los descargos del juez chalaco.
Arévalo contestó el 12 de octubre del 2021 indicando que no se expresó de manera ofensiva contra este sector y adujo que no corresponde seguir el proceso porque se alineó a la impugnación de Tello y Barrios.
Advirtió que se “estaría vulnerando” su independencia judicial “al pretende cambiar su criterio como juez para coincidir con el de las organizaciones denunciantes”.
La JNJ le dio la razón y el 11 de mayo de este año emitió una resolución declarando no ha alugar iniciar un proceso disciplinario. Sin embargo, Demus pidió una reconsideración porque advirtió que el juez supremo no se ha rectificado de las expresiones que usó en su primer voto.
Perú21 conoció que la JNJ está próxima a fijar fecha para evaluar ese recurso.
El mismo 1 de diciembre, los jueces de los 34 distritos judiciales eligieron a sus presidentes de Corte para el periodo 2023-2024. (Ver recuadro)
En Lima, por ejemplo, fue elegida la jueza María La Rosa Sánchez. En la Corte del Santa fue designada María Luisa Apaza, quien fue vinculada al prófugo exjuez supremo César Hinostroza, cabecilla de la red Los Cuellos Blancos del Puerto.