Jaime de Althaus: “La JNJ tendría que cesar a todos los fiscales involucrados”

La justicia se ha politizado y polarizado.

Hace por lo menos 15 años hemos padecido esta polarización entre fujimorismo y antifujimorismo. Ese antifujimorismo fue explotado por Vizcarra para montar un populismo político y construir su popularidad confrontando con el Congreso dominado por Fuerza Popular. Confrontándolo hasta disolverlo inconstitucionalmente, porque el TC finalmente ha rectificado: la denegación fáctica no era constitucional. Esto vino de la mano con un populismo judicial más o menos simultáneo. Este antifujimorismo también, en parte, llevó a los fiscales Lava Jato a criminalizar las donaciones de campaña, algo que no era delito. Tampoco era posible inventar la figura de lavado de activos, porque no aplica. Ahí hubo algo muy forzado para desatar una persecución judicial contra líderes políticos de oposición. Líderes políticos fueron encarcelados por hechos que no eran delito. Fueron estigmatizados. Los partidos políticos fueron considerados organizaciones criminales. Keiko, por ejemplo, ya tiene la imagen de corrupta, pese a que nunca ha sido gobierno.

Por eso ganó Castillo en 2021.

Eso hizo posible que alguien de las características de Pedro Castillo pueda ganar en 2021. Las consecuencias para el país han sido terribles. Hubo un daño muy fuerte a la estructura política del país y a la confianza en la democracia. Eso sumó a la no reelección de congresistas, alcaldes y gobernadores impulsada por Vizcarra. El colmo del populismo político. Fue tremendamente nociva. El efecto de todo esto ha sido terrible. Y esto repercutió en el sistema judicial, particularmente en el Ministerio Público. Porque si el Ministerio Público desarrolla persecuciones judiciales y políticas por hechos que no son delito, entonces se convierte en objeto de la disputa. Todos quieren controlar esa arma tan peligrosa. Esto trasunta de las declaraciones de Jaime Villanueva. La JNJ tendría que cesar a todos los fiscales involucrados en este entramado de persecución judicial autoritaria y antidemocrática. A Vela, Pérez, Sánchez, Benavides…

¿No estamos ideologizando las declaraciones de Villanueva?

En parte. Pero si te fijas en las situaciones reseñadas por Villanueva, se le da mucha importancia al caso cocteles. Dice Villanueva que en buena cuenta Gorriti dirigía personalmente esa investigación. Había un interés particular en Keiko Fujimori. Un direccionamiento. En las declaraciones se manifiesta una alianza clara con Vizcarra, porque se le perdona Chincheros para que pueda asumir la presidencia. Era uno de los protegidos del equipo. A Castillo también se le favorece no incluyéndolo en la investigación de lavado de Los Dinámicos del Centro. A la propia Boluarte, antes de asumir, también. Y hay incluso expresiones de mucho interés de Vela, según Villanueva, en saber cómo así en el Jurado Nacional de Elecciones se estaba construyendo una estrategia para impedir que Keiko Fujimori llegue al poder. Si tú ves todos esos datos, en realidad es una inclinación hacia un lado. Y también está el caso de Alan García. Lo arrinconaron malamente. Entonces hay un sesgo ideológico.

¿Por qué el caso cocteles se centra en lavado de activos, tan difícil de probar?

La pregunta es por qué el equipo Lava Jato no se concentró en casos de soborno puro y duro a funcionarios. Toledo, por ejemplo. La Línea 1 del Metro. Los casos en que Odebrecht pagó a funcionarios. En lugar de eso, se concentró en las donaciones de campaña que no eran delito. Eran una falta administrativa. Y entonces para convertir eso en delito se forzó la figura de lavado de activos. Hasta según Rosa María Palacios, que está del otro lado, tampoco se tipifican como lavado de activos. No tienen nada de eso. Si te dan dinero para lavar, es porque vas a devolverlo, pero aquí no hay devolución. Ni siquiera se ha podido demostrar en Brasil que el origen del dinero era delictivo. No configura lavado de activos.

¿Se retirará a los fiscales?

No solamente deberían salir todos estos fiscales, sino que los nuevos deberían desistir de estos casos y ponerles punto final. Estos juicios vinculados a donaciones de campaña en realidad han sido una manera de encubrir una persecución política. Son procesos arbitrarios e injustos, vinculados a la persecución judicial. Son inadmisibles en una democracia. Forman parte de la historia negra de la democracia peruana. Si queremos pacificar políticamente y lacrar esta polarización que tenemos, una manera de hacerlo es ponerles fin a esos procesos y comenzar prácticamente de nuevo. Y reconformar el Ministerio Público.

Las menciones a Vizcarra han pasado un poco por agua tibia.

El otro caso con Vizcarra es el de Zoraida Ávalos. Según Villanueva, le dice a Vela que trate de no hacer nada luego de conocerse una colaboración eficaz que revelaba que había recibido sobornos en Moquegua. Entonces, son dos casos muy claros en los cuales se blinda a Vizcarra. Hay protegidos del equipo y hay otros que son los objetivos políticos de ese grupo.

¿Cuál sería la estrategia de Villanueva?

Quiere reducir su pena. Estas cosas hay que verificarlas. Pero creo que hay mucho de verdad. Muchas tienen verosimilitud. Es difícil pensar que esté inventando. Ahora, creo que la JNJ se ha apresurado en suspender a Patricia Benavides con base en fotocopias de uno de los interlocutores y con el celular destruido. Pero, por las cosas que cuenta Villanueva, efectivamente Benavides ha querido conseguir la remoción de la JNJ y habría gestionado la inhabilitación de Ávalos. Si eso es así, también es inadmisible. Deberían salir todos. Y debería investigarse lo del JNE.

¿Cómo analiza los cambios en el gabinete?

Yo creo que son buenos cambios. Particularmente el de Rómulo Mucho. También el de José Arista. Defensa es un buen cambio. Me dicen que este señor Castro en el MINAM también es un buen profesional. Pero debió cambiar Trabajo, también. Y faltó Interior. Rómulo Mucho es un ingeniero minero puneño y aimara que conoce mucho de minería. Tiene las ideas muy claras acerca de qué hay que hacer. Se está formando ya la política para sacar adelante Tía María. Es fundamental, porque sería una palanca para un disparador de nuevas inversiones mineras y en otros sectores. Hay una pérdida de confianza en el futuro. La inversión privada no se da. Estamos en un proceso de empobrecimiento sostenido. Tenemos que volver a crecer con tasas altas.

La minería ilegal avanza.

La idea no es ilegalizar a todos los informales. Quienes están en concesiones de terceros que están explotando son muy pocos, unos 2 mil aparentemente. El asunto es que el Reinfo vence a fines del próximo mes y quieren prolongarlo hasta diciembre. Eso es mantener un engaño. Hay que acabar con el Reinfo, pero pasar a un plan serio de formalización con un catastro minero, más o menos como se hizo en los 90 con el Cofopri. No podemos dejar en el aire a 400 mil mineros informales como si eso no fuera a explotar. Tenemos que crear bloques de formalidad para evitar que el país sea conquistado por la ilegalidad. Hay temas adicionales: el gobierno ha avanzado en dos reformas clave que deberían ser fiscalizadas por el Congreso para que se ejecuten. Una es el Análisis de Impacto Regulatorio obligatorio para todas las normas que da el Ejecutivo, y para el stock de normas, a fin de eliminar cargas regulatorias contraproducentes. Y la otra la obligatoriedad de hacer el transito al regimen de la ley de servicio civil, a fin de introducir meritocracia. Pero a esta le falta presupuesto. Sin embargo, los proyecto de ley del MEF para reformar el sistema de pensiones y simplificar el regimen tributario son un fiasco: no ayudan a incluir a los informales y facilitar su crecimiento económico. La bicameralidad va a ayudar pero se requiere establecer que las empresas puedan financiar campañas electorales de manera transparente y pública, para quitarle espacio a las economías ilegales y empezar a recuperar a los mejores para la política con think tanks partidarios por impuestos, como propone Carlos Melendez, por ejemplo.