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Izquierda busca regresar al modelo que quebró al Perú a finales de los ochentas
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Perú Libre presentó un proyecto de ley para modificar siete artículos de la Constitución, todos referidos al capítulo económico, para que el Estado pueda crear empresas públicas fácilmente. El documento carece de exposición de motivos y señala que tiene como finalidad “poner al Estado al servicio de los ciudadanos garantizando sus derechos fundamentales en el marco de una economía popular de mercado”.
Actualmente, el Estado solo puede crear una empresa si es autorizado por ley expresa y de forma subsidiaria. Sin embargo, la propuesta del bloque de izquierda busca eliminar esos candados y regresar al Estado empresario que quebró al país en la década 1980 (ver indicadores en el gráfico).
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“Es un sinsentido económico”, señaló Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE). Asimismo, dijo que la iniciativa presentada no debería aprobarse debido a que “los cambios que proponen van en contra del sentido común”.
El economista narró que el Estado empresario que tuvo el Perú hasta 1990 sirvió para que empresas públicas se utilicen con fines clientelistas.
“En general había un Estado ineficiente, mucho espacio para la corrupción y un alto costo fiscal que lo terminamos pagando todos los peruanos”, manifestó.
El experto también indicó que el Estado peruano “no tiene ni siquiera la capacidad para tener una empresa petrolera estatal decente, ni tampoco para hacer compras de fertilizantes”, motivo por el que se mostró pesimista frente a la posibilidad de que se pueda administrar de forma correcta nuevas compañías públicas.
CUNAS DE CORRUPCIÓN
El economista Carlos Adrianzén le aseguró a Perú21 que “las empresas públicas, bajo el esquema que plantea Perú Libre, fueron fábricas de corrupción y de pobreza”.
El también decano de la facultad de Economía de la UPC recordó que los políticos de turno aprovechaban dichas aventuras empresariales para nombrar a personas cercanas en los cargos. Además, dijo que “las pérdidas de las empresas públicas eran de miles de millones de dólares al año”, motivo por el que el Perú se volvió uno de los países más pobres de América Latina.
La propuesta perulibrista –que fue presentada ante el fracaso de lograr una constituyente– también contempla otorgar preferencia a la iniciativa pública sobre la privada, así como la “prevalencia” de la inversión nacional frente a la extranjera. Sobre este punto, Adrianzén advirtió que “la Constitución y los tratados defienden las inversiones del exterior”. Explicó que si se le quita un activo a un extranjero, el Estado “tendrá que pagarlo bastante más caro de lo que hoy día vale”.
Por su parte, el exministro de Economía, Alfredo Thorne, cuestionó el proyecto de ley y aseguró que “Perú Libre desconoce cómo opera un mercado libre y competitivo”. Thorne explicó que una economía de libre mercado se sostiene sobre dos pilares, que son “los derechos de propiedad y la libre concurrencia de empresas”. Asimismo, consideró que la propuesta “no mantiene el piso parejo, porque lo que está diciendo el texto es que el Estado pueda entrar con una empresa en áreas donde la empresa privada compite”.
BCR, el candado
La Constitución actual señala que el Banco Central de Reserva “está prohibido de conceder financiamiento al erario”. Es decir, no puede financiar al gobierno central. Sin embargo, en la Constitución de 1979, esto sí era permitido. Cada vez que una empresa pública quebraba, era rescatada a través de una emisión monetaria. “Fue una de las principales causas de la hiperinflación a finales de los ochentas”, señaló Víctor Fuentes.
Si bien la propuesta presentada por Perú Libre no considera modificar los artículos referidos al BCR, en reiteradas oportunidades han cuestionado también la política monetaria implementada por el actual presidente de la institución, Julio Velarde.
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