La Policía ya puede ejecutar la sentencia judicial que ordena la captura y traslado a un penal del congresista Benicio Ríos (APP). Ello luego de que el Congreso aprobara despojarlo de la inmunidad de arresto que el legislador alegaba.
El parlamentario fue condenado a siete años de prisión porque en su gestión municipal en Urubamba (entre 2007 y 2013) realizó una adquisición sobrevalorada de un terreno de diez hectáreas.
La sentencia fue dictada en diciembre de 2017 y ratificada en mayo de este año, medida que lo llevó a esconderse de las autoridades hasta esta semana en que reapareció, muy suelto de huesos, en el Congreso para dar una conferencia de prensa y alegar que aún tenía inmunidad de arresto.
Esta situación cambió ayer, luego de que el Congreso recibiera la carta del Poder Judicial (PJ) que solicitaba que se le retire este derecho. Puesto el tema a votación en el Pleno, el resultado fue unánime. Los 83 congresistas presentes en el hemiciclo en ese momento votaron a favor de que a su colega se le retire la inmunidad.
Inmediatamente, la decisión fue enviada al presidente del PJ, Víctor Prado, para que se tomen las acciones que corresponden en este caso; es decir, notificar a la Policía para su ubicación y captura.
Ríos no apareció ayer en el Congreso de la República y tampoco pidió licencia.
CUESTIONAMIENTO
Pese a la aprobación del levantamiento de la inmunidad, el presidente del PJ se mostró disconforme con la manera como se llevó este proceso.
“Con relación a este congresista se suscitó una situación muy inusual, un problema de interpretación de la ley, la inmunidad parlamentaria de proceso involucra, como su nombre lo indica, todo un proceso. El arresto es una posibilidad dentro de un proceso”, manifestó a la prensa.
Por este motivo, adelantó que la Sala Plena de la Corte Suprema se pronunciará “sobre el tratamiento penal de personas expuestas políticamente”.“Acá hay una lectura de una sentencia del Tribunal Constitucional que no es de las mejores, en mi concepto”, resaltó Prado.