[Informe21] A un año de las marchas impulsadas por jóvenes de todos los sectores

La ola de manifestaciones se inició el 10 de noviembre, un día después de que el Congreso aprobara, con 105 votos a favor, el segundo proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. En menos de 24 horas y con severos cuestionamientos, Merino –quien en determinado momento fue célere para atender desde la presidencia del Congreso las denuncias del investigado excontralor Edgar Alarcón– juramentó como Presidente de la República para completar el periodo 2016-2021; sin embargo, la voz de la ciudadanía lo forzó a renunciar a los cinco días.

Fue el hartazgo político y las faltas a los derechos fundamentales lo que motivó a la población más joven a protestar, aseguró el sociólogo Jerjes Loayza, quien precisó que la motivación fue más allá de “izquierdas o derechas”.

“A diferencia de otros países, nuestro contrato social no está resuelto, eso sumado a la crisis económica y la pandemia, llevó a que el movimiento social sea mucho más fuerte. En los hospitales se morían las personas, no había políticas a favor del país. Los jóvenes fueron fundamentales en ese contexto”, explicó a Perú21.

Agregó que “fueron tantas las veces que el Congreso se enfrentó con el Ejecutivo, que no hacía falta saber mucho de política para salir a protestar”.

La politóloga María Paula Távara coincidió en que aquel evento respondió a factores transversales a los sectores sociales y posturas políticas. “Influyó mucho la sensación de “no representación” y de burla, que motivó a que los jóvenes se sintieran indignados. Las protestas mostraron ese rechazo y la necesidad de que se hagan cosas nuevas”, comentó.

Fueron cinco días de lucha, donde el Centro de Lima fue escenario de enfrentamientos entre los jóvenes y la Policía Nacional. Según la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU que investigó las protestas, los agentes del orden hicieron un “uso innecesario y excesivo de la fuerza”.

“Se dispararon perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógenos a la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de forma indiscriminada y a corta distancia”, se lee en el informe. El resultado fue más de 200 heridos y dos fallecidos, Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la Coordinadora Nacional de DD.HH. del Perú, conversó con este diario y dio cuenta de la situación de las víctimas.

“Hay dos investigaciones en curso, donde recién se está avanzado es en el tema de la reparación civil a las víctimas. Las familias de Inti y Bryan y los heridos que sobrevivieron tienen traumas irreversibles y el Estado no se ha estado haciendo cargo de ellos”, expresó.

En octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente por homicidio y por lesiones graves y leves a Merino, a su expremier Ántero Flores-Aráoz  y a su exministro del Interior, Gastón Rodríguez. Ahora, el caso está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Alejandro Cavero (Avanza País), miembro de la subcomisión, dijo que el tema “es una prioridad y se verá de acuerdo al cronograma”. Martha Moyano (FP) consideró que “se va a zanjar ese tema para darle tranquilidad a las familias agraviadas”.