El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la ley que establece medidas extraordinarias contra el personal docente y administrativo condenado o implicado en delitos de apología al terrorismo.
La norma también sanciona a los trabajadores del sector educación que cometan delitos contra la libertad sexual y el tráfico de drogas dentro de los distintos centros educativos, universidad e institutos superiores.
El personal que haya cometido esas faltas será separado definitivamente e inhabilitado para el servicio en las instituciones educativas públicas o privadas. Se incluye a las escuelas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
La norma también dispone crear un registro de personas condenadas o procesadas por los delitos descritos.
El Ministerio de Educación supervisará anualmente que se cumpla esta disposición en los centros educativos públicos y privados. Por su parte, la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional fiscalizarán las universidades.
El sustento es la necesidad de que el Estado se defienda ante la reagrupación de movimientos terroristas que actúan bajo fachadas como el Movadef. Así lo expresaron Daniel Mora y Marisol Pérez Tello, titulares de las comisiones de Educación y de Justicia, respectivamente.
El dictamen se aprobó con 89 votos a favor y se exoneró de la segunda votación por 88 votos.