La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de US$37 millones y más de S/1 millón 608 mil en la construcción del tramo IV de la Carretera Interoceánica, vía que atraviesa las localidades de Inambari y Azángaro, en Puno, y que estuvo a cargo de un consorcio liderado por la firma Camargo Correa.
El Ministerio Público investiga los presuntos pagos de sobornos que habría desembolsado el privado para hacerse de la IIRSA. En este proceso se imputa al ex presidente Alejandro Toledo haber solicitado millonarias coimas para conceder la obra.
Como resultado de una auditoría de cumplimiento, realizado entre agosto 2005 y abril de 2017, se identificó como presuntos responsables (civil, penal o administrativo) a 32 funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran.
Entre las observaciones halladas figura el incremento de los gastos generales del 27% a 35.5 %, de acuerdo a las adendas aplicadas al proyecto entre los años 2009 y 2011, periodo de gobierno del ex presidente Alan García. Estos incrementos se realizaron sin justificación técnica y ocasionaron un perjuicio económico por más de US$26 millones.
Otra de las observaciones señala que el Ositran valorizó y el MTC reconoció al concesionario las obras en el farallón rocoso 'Dedo de Dios', distintas a las previstas en el estudio de ingeniería aprobado, ocasionando un pago mayor a los US$3 millones.
El informe de auditoría indica, además que se realizaron obras sin estudios de suelos y diseños de drenajes. Debido a ello, se produjeron derrumbes e inestabilidad de taludes.
Estas situaciones -anotó el informe de auditoría- no fueron observadas en su oportunidad por el Ositran, y los costos por eliminación de derrumbes y descargas de taludes fueron asumidas por el MTC. Se determinó un perjuicio económico superior a los US$3 millones 600 mil.