Humala y Heredia al banquillo de los acusados: van a juicio oral

“Se está superando el control sustancial (de la acusación) y se está disponiendo que este caso vaya a juicio oral”. Más de cuatro meses le tomó al juez Richard Concepción Carhuancho decir estas palabras para llevar al banquillo al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, acusados de recibir aportes ilícitos para financiar sus campañas de los años 2006 y 2011.

El juicio oral es la fase en la que se define si una persona es culpable de cometer un acto ilícito. Es la última etapa de un proceso penal.

Ayer en la audiencia de control, el juez Concepción declaró “la validez” de la acusación interpuesta por el fiscal Germán Juárez, quien imputa a la expareja presidencial el delito de lavado de activos.

Aunque la fase intermedia del proceso no ha concluido ya que falta la evaluación de los medios probatorios, y ese análisis se realizará en cuatro diligencias que han sido programadas para los días 10, 15, 16 y 20 de enero del próximo año.

Todo encaminado

La acusación del fiscal Juárez es clara: la campaña humalista de 2006 recibió abonos ilícitos del gobierno venezolano; mientras que la de 2011 se benefició con aportes de US$3 millones ilegales de la empresa Odebrecht.

La defensa de Humala y Heredia buscaba que, a través de una acción de naturaleza de juicio, el extremo de los aportes de Venezuela sea archivado, alegando que no existía prueba alguna de que dinero del tesoro público de ese país haya sido extraído para ser enviado al Perú.

Sin embargo, el magistrado rechazó ayer ese recurso. “Hay una pluralidad de elementos de convicción que dan cuenta de que este dinero vino del extranjero”, concluyó.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, en 2005, el gobierno del fallecido Hugo Chávez envió US$90 mil a Humala a través de la empresa Kaysamac, una operación que, de confirmarse, fue a todas luces clandestina.

Esos ingresos, según el fiscal, fueron camuflados en contratos ficticios que suscribió Heredia Alarcón con empresas fantasma. Para finiquitar estas operaciones, la esposa del exmandatario usó a su mamá Antonia Alarcón y a su amiga Rocío Calderón.

Parte de ese dinero habría terminado en el patrimonio de la expareja presidencial y habría sido usado para terminar de pagar la hipoteca de su vivienda y otros gastos, según la Fiscalía.

Sin embargo, para los abogados Wilfredo Pedraza y Julio Espinoza, la decisión adoptada es irregular. “Lo que ha hecho el juez es un resumen de los argumentos del fiscal, es una vergüenza que se haya asumido que se tomó dinero público de Venezuela para financiar la campaña de 2006”, dijo Pedraza.

Por su parte, el fiscal Juárez proyectó cómo concluiría este proceso: “El proximo año vamos a obtener la primera sentencia del caso Lava Jato”.