Perú Libre dio un paso más en su pretensión de industrializar la hoja de coca y crear un nuevo padrón de cocaleros a como dé lugar, lo que sería un avance contundente para evitar la erradicación del producto y que beneficiaría al narcotráfico. El congresista oficialista Wilmer Quispe –el mismo que acordó con el ministro del Interior, Luis Barranzuela, suspender la erradicación del cultivo de la hoja de coca en Puno– presentó una iniciativa legislativa para “promover su cultivo e industrialización con fines lícitos de comercialización en el ámbito nacional e internacional para su consumo humano e investigación para el uso medicinal”.
El nombre sonará atractivo, pero el detalle de la propuesta genera, más bien, una preocupación ya que promueve el empadronamiento de todas las áreas cocaleras, sin excepción.
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La iniciativa pide que se reconozca a 13 cuencas y micro cuencas y que se considere lícito los cultivos existentes a la fecha en ellas. Allí resalta el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de mayor producción ilegal de la hoja que es destinada al narcotráfico y donde opera el grupo narcoterrorista de los Quispe Palomino.
Según Devida, en el Vraem se cultiva 27,994 hectáreas de un total de 61, 777. Además, los precios en la zona centro del valle han presentado alzas.
“En esta zona el crecimiento de los precios ha sido de 1.3% para la hoja de coca, 2.1% para la PBC y 4.0% para el clorhidrato de cocaína”, se detalló en el último monitoreo de precios de hoja de coca de setiembre 2021 de Devida.
Por otro lado, llama la atención que el empadronamiento que se dispone en el proyecto se encarga al Ministerio de Agricultura, Enaco, los gobiernos regionales y locales.
El modelo boliviano habría servido de inspiración al proyecto de Quispe pues pide al Ejecutivo notificar de manera formal “al Secretario General de la ONU el retiro de la lista N°1 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, solicitando su readmisión con la reserva referida a la hoja de coca y sus usos tradicionales”.
Fue la misma maniobra que utilizó Evo Morales durante su gestión en 2011 para abrirle camino a la industrialización de la hoja de coca, que terminó siendo un fracaso por la poca demanda de los productos y alentó el narcotráfico.
El exministro del Interior, Rubén Vargas, sostuvo que “este proyecto de ley atenta contra la hoja de coca tradicional del Perú”.
“Pretenden decir que toda esa hoja de coca es parte de nuestra identidad. No es así. La hoja de coca que termina en cocaína no representa a los peruanos. Ese proyecto es inviable pues abre una autopista que nos llevará a ser un narcoestado”, declaró a Perú21.
Por su parte, el exviceministro de Seguridad Pública, Nicolás Zevallos, cuestionó la intención de retirarse de la Convención pues en Bolivia esto significó un retroceso.
“Muchas de las cosas que se pueden hacer con la hoja de coca se pueden trabajar en el marco de los compromisos internacionales actuales. El proyecto de ley entra a muchos temas declarativos, pero en los detalles técnicos, para su implementación, es donde se verán las grandes dificultades”, explicó a este medio.