"La gente ha estado a favor del allanamiento porque en el fondo hay una falta de credibilidad en las versiones de la presidenta".
"La gente ha estado a favor del allanamiento porque en el fondo hay una falta de credibilidad en las versiones de la presidenta".

La última encuesta de Ipsos para América TV deja muy mal parada a la presidenta Dina Boluarte. . Guillermo Loli, jefe de Estudios de Opinión de Ipsos, analiza.


Es importante el porcentaje de personas que se ha enterado del caso Rolex.

En esta oportunidad, más de tres cuartas partes de la población encuestada (78%) —este es un escándalo significativo— conoce el tema del famoso Rolex.

Pensé que los peruanos iba a reprochar la forma cómo se realizó el allanamiento.

La mayoría de la población está a favor del allanamiento. No les ha desagrado que la Policía haya intervenido y entrado a la casa de la presidenta.

¿Por qué cree que la gente se pone del lado de la Policía?

La gente ha estado a favor del allanamiento porque en el fondo hay una falta de credibilidad en las versiones de la presidenta. Ante tantos casos de corrupción, la población una vez más manifiesta su hartazgo ante estas sospechas que hay hasta este momento.

¿Molesta también la poca colaboración con la Fiscalía?

La gran mayoría de la población sostiene que la presidenta no está colaborando. Creo que es la tercera versión de la presidenta sobre este caso y en la percepción de la gente ella no está respondiendo ante la Fiscalía.

Llama la atención el 10% que la respalda, ¿de dónde viene?

El 10% es similar a la aprobación que tiene la presidenta este mes. Hay una pérdida de legitimidad. La versión del préstamo no ayuda para nada.

Y no cuadra.

Eso le hace más daño a la imagen de la presidenta. Tampoco se le puede mentir a la población que no es tonta como para que se le dé hasta tres versiones.

¿El Congreso se hunde más protegiendo a Boluarte?

Es un capítulo más de cómo destruir una institución tan importante como el Congreso. Cada mes la aprobación del Congreso es bajísima por este tipo de protección en donde renuncian a su labor de fiscalización.


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