Más sospechas sobre contratos en gestión de Aguila en el CNM

En el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no solo los removidos consejeros aprovecharon sus cargos en beneficio de sus intereses, como lo han demostrado los audios, sino que los mandos medios de la entidad también habrían seguido esos pasos.

En un informe anterior, Perú21 dio a conocer que el fiscal Reynaldo Abia investiga presuntas contrataciones irregulares de seis empresas y ocho personas en el CNM, entre febrero de 2017 y marzo de este año, por S/1’200,000. Ese es el periodo en el que el removido Guido Aguila fue presidente del organismo.

Entre los funcionarios a los que la Fiscalía tiene en la mira se encuentra el actual jefe de Comunicaciones, Abel Santibáñez Collado, a quien el ex consejero Baltazar Morales denunció por haber contratado a sus alumnos de la Universidad San Marcos, vía órdenes de servicio, para “falsos encargos”. Aunque él lo ha negado.

Una de esas personas es Jordani Vidarte Rojas, quien a sus 26 años ha sido hasta encargado del área de prensa mientras Santibáñez fungía de director general del ente, según pudo conocer este diario. De acuerdo con la Fiscalía, este funcionario ganó S/78,500 en casi un año. Pero lo que se desconocía era que también estaba vinculado a una compañía que facturó más de S/300 mil al CNM.

Gestión Comunicativa Responsable S.A.C. fue constituida el 2 de junio de 2017, de acuerdo con los registros de la Sunarp, por Odeli Elizabeth Rojas Rojas y Lorymar Rivera Medina. Odeli Rojas es madre de Jordani Vidarte, como demuestra la ficha de Reniec de este último.

En fotos colgadas por Rojas en Facebook se la ve con Vidarte en reuniones familiares. Lorymar Rivera, por su parte, estudió en San Marcos y fue alumna de Santibáñez.

Lo que llama la atención es que Gestión Comunicativa Responsable, según la investigación fiscal, contrató con el CNM casi un mes después de crearse.

A partir del 5 de julio de ese año, la firma –especializada en asesoría empresarial, monitoreo de áreas logísticas e investigación, según su ficha de Sunarp– se benefició con 39 órdenes de servicios, lo que le valió ingresos por S/38,500 al mes.

En los registros de la Sunat, la empresa no reporta número de trabajadores y declaró diez prestaciones de servicios entre agosto y diciembre del año pasado.

Este diario intentó comunicarse insistentemente con Rivera y Vidarte para conocer sus versiones, pero no contestaron nuestras llamadas.

Un caso similar es el de la empresa Matfra S.A.C., que fue constituida el 9 de junio de 2017 por Sebastián Llanos Astete y Patricia Martínez Cardenal. Mes y medio después de su creación, a partir del 25 de julio, la compañía –que brinda servicios generales de publicidad, comunicación, asesorías, consultorías, producción textil, producción de imprenta– obtuvo 12 órdenes de servicios por S/122 mil en total.

Sebastián Llanos también estudió en San Marcos y, según su perfil en Linkedin, es bachiller en Educación en Lengua Extranjera.

De acuerdo a registros de la Sunat, Matfra tuvo 14 prestadores de servicios entre agosto y diciembre del año pasado.

Este diario contactó a Llanos a través de Facebook para conocer si tenía algún vínculo con Santibáñez, pero no contestó a las preguntas que se le formularon.

La Fiscalía maneja la hipótesis de que las seis compañías comprendidas en la investigación se habrían beneficiado irregularmente con S/756,463.

Para la abogada especialista en contrataciones con el Estado, Mónica Yaya, en estos dos casos se presenta un fraccionamiento en el que se “disfrazaría” el objeto de las contrataciones.

“El fraccionamiento está prohibido, pero hay que analizar los motivos de las contrataciones. Lo que se debe comprobar es si lo que señala el contrato realmente se realizó y si los funcionarios desempeñaban las labores para las que fueron contratados”, explicó a Perú21.

* El ex consejero Guido Aguila dijo a Perú21 que el responsable “de las cuestiones administrativas” es el director general del CNM, que en este caso fue Abel Santibáñez.

* “Yo designé al director general confiando en su gestión. Si ha traicionado mi confianza, que reciba la sanción; y si no, ya todo esto se esclarecerá. Pero la responsabilidad acá es personal, no de mi gestión”, manifestó Aguila.

* Este diario se contactó nuevamente con Santibáñez. El funcionario indicó que no sabía que Jordani Vidarte, su hombre de confianza, era hijo de la dueña de Gestión Comunicativa Responsable, que contrataba con el CNM.

* Aseguró, además, que no conoce a Sebastián Llanos ni a Patricia Martínez. No obstante, no descartó que ambos tengan alguna relación con sus ex alumnos. Perú21 conversó con Antonieta Urbina, a quien alcanza la denuncia presentada por el ex consejero Baltazar Morales, por haber sido jefa del área de Presupuesto e Inversiones del CNM. Urbina rechazó haber favorecido a las contratantes. “No tengo nada que ver en los hechos que se me imputan”, dijo.