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Se le viene la noche. El Ministerio Público formuló acusación contra el gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y colusión simple. Ante ello, solicitó 24 años de pena privativa de la libertad y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Las pesquisas a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios también encontró responsabilidad en otras 46 personas entre los cuales figuran funcionarios de Proregión ((Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca) y dos empresarios, para quienes se ha solicitado penas de hasta 20 años.
La acusación fiscal menciona que Gregorio Santos habría recibido sobornos por la suma de S/. 1,237.000 soles y US$ 67,804.00 dólares americanos, que habrían sido entregados por los empresarios Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera Andrianzén.
Asimismo, se solicitó el decomiso de bienes muebles e inmuebles de propiedad de Gregorio Santos que fueron adquiridos con dinero ilícito producto de los sobornos. Dichos bienes están comprendidos por una camioneta valorizada en $ 42,990 dólares, siete terrenos ubicados en la localidad de Chepén que comprenden cientos de hectáreas, un terreno en la localidad de Baños del Inca- Cajamarca, un departamento dúplex y un estacionamiento ubicado en la ciudad de Chiclayo valorizado en S/. 225,000 soles.
Asimismo, se solicitó el decomiso de bienes muebles e inmuebles de propiedad de Gregorio Santos que fueron adquiridos, según la Fiscalía, con dinero ilícito producto de los sobornos.
Dichos bienes comprenden una camioneta valorizada en US$42,990 dólares, siete terrenos ubicados en la localidad de Chepén que comprenden cientos de hectáreas, un terreno en la localidad de Baños del Inca- Cajamarca, un departamento dúplex y un estacionamiento ubicado en la ciudad de Chiclayo valorizado en S/. 225,000 soles.
Según las investigaciones, se imputa que dentro del gobierno regional de Cajamarca, especialmente dentro de la Unidad Ejecutora Prorregión, existió una Organización Criminal, encargada de convocar a empresarios con los que Gregorio Santos tenía acuerdos colusorios para entregarles las licitaciones públicas.
La Fiscalía presentó contundentes elementos probatorios ante el Poder Judicial, tales como vouchers de depósitos que acreditan el pago de sobornos en la cuenta del propio Gregorio Santos Guerrero y de sus parejas (madres de sus hijos), su chofer, su seguridad personal y, otros familiares y personas de su entorno más cercano; así como las comunicaciones telefónicas entre Gregorio Santos Guerrero y los empresarios.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Walter Delgado Tovar, se encuentra a la espera del inicio del juicio oral.
