Aspirante al Tribunal Constitucional busca a asesor de Donald Trump para concretar compra de medios

¿Quién determina la idoneidad de un magistrado constitucional? El Congreso. Pero es fundamental que los intereses políticos y económicos de los congresistas no interfieran en esa designación.

Entre los actuales tribunos se puede apreciar posiciones políticas distintas y discrepancias en el análisis jurídico, pero todos son sesudos constitucionalistas. No es el caso de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, un abogado que ha dedicado su carrera a asesorar transacciones financieras, pero que en los últimos años se ha especializado en representar a inversionistas privados.

Esta última labor, que convenientemente no incluye en la hoja de vida que presentó al disuelto Congreso de la República, lo coloca frente a un abierto conflicto de intereses como aspirante al Tribunal Constitucional. Ortiz de Zevallos Olaechea representa a un grupo de inversionistas que quiere comprar buena parte de los medios de prensa del país, y para ello busca como aliado a Rudolph Giuliani, abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y exasesor de Keiko Fujimori.

La trayectoria de Ortiz de Zevallos refiere ejercicio en el derecho bancario, comercial y financiero, pero no registra ninguna experiencia en materia constitucional; al contrario, un correo electrónico enviado y firmado por él este último 11 de setiembre, mientras se sometía al proceso de elección para el TC, lo ubica haciendo gestiones como representante de un grupo de inversionistas con intereses privados.

El correo escrito en inglés, enviado desde la dirección electrónica gonzalo.ortizdezevallos.olaechea@gmail.com, la misma que el abogado registra como suya en la documentación que presentó al disuelto Congreso, ha sido traducido y legalizado notarialmente a solicitud de Perú21, y revela que Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea representa, en este momento, a un grupo de inversionistas peruanos interesados en comprar el conglomerado de medios periodísticos del Grupo El Comercio, inversionistas que, a través de Ortiz de Zevallos Olaechea, buscaron al político y empresario Rudolph Giuliani, uno de los más poderosos de los Estados Unidos, con una larga trayectoria en el Partido Republicano y con línea directa con el presidente Donald Trump, para proponerle una alianza comercial para esta operación.

Rudy Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. Exploró una candidatura presidencial en 2008. Pero, en paralelo, dirigió y dirige su propia empresa, Giuliani Partners LLC, una firma de asesoría en gestión de inversiones y consultoría en seguridad basada en Nueva York.

Durante la campaña presidencial de 2016, Giuliani fue uno de los más activos partidarios de la candidatura de Trump. Al asumir la presidencia, este lo nombró su asesor en ciberseguridad. Meses después, en abril de 2018, Giuliani pasó a liderar el equipo de defensa legal del presidente de los EE.UU, cargo que mantiene hasta la fecha.

En estos días, Giuliani está seriamente cuestionado por su participación en el caso que involucra al presidente Trump y al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Acusan a Giuliani de haber participado en las presiones al gobierno ucraniano para que investigue a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente Joe Biden, favorito para enfrentar a Trump en las elecciones de 2020 desde las filas demócratas. El caso Ucrania contra Trump está en investigación en la Cámara Baja del Congreso norteamericano. Las conclusiones podrían conducir a un impeachment, es decir, a un proceso de destitución del actual presidente de los EE.UU.

Rudy Giuliani conoce el Perú y a algunos políticos peruanos, llegó a Lima como experto en seguridad convocado por Keiko Fujimori en mayo de 2011, para que la asesore en esa materia durante la campaña presidencial. “La primera vez que nos contactaron fue hace un año, tuvimos muchas conversaciones. Tuve a gente aquí (en Perú) antes para que observen silenciosamente y para que podamos hacer recomendaciones importantes”, sostuvo entonces Giuliani en una entrevista periodística.

Durante la campaña presidencial de 2011, Giuliani visitó cárceles y comisarías de Lima y Trujillo; además, se reunió con aproximadamente 25 alcaldes afines al fujimorismo.

Hoy, el intermediario entre Giuliani y Ortiz de Zevallos Olaechea para la pretendida operación de compra de medios, es Eric Hatzimemos, el CEO de Hatzimemos Libby, una consultora de asesoría financiera en Nueva York. Antes fue director de Giuliani Partners LLC y abogado asistente del alcalde Giuliani.

Hatzimemos es el destinatario del correo redactado por Ortiz de Zevallos Olaechea. El pasado 11 de setiembre, el candidato al TC, haciendo de representante de un grupo de inversionistas peruanos, le dijo al delegado de Giuliani: “La conferencia telefónica que debía realizarse mañana con el Sr. Giuliani y con usted...puede que no ocurra”. Para continuar explicándole: “Desafortunadamente, por el momento, la esperada transacción Caledonia ha llegado a una situación suspensiva, debido a que un gran número de accionistas del grupo vendedor ha llegado temporalmente a la conclusión de que el valor de su grupo de empresas supera (…) su valor real”.

“Por lo tanto, el grupo líder peruano que ha estado interesado en adquirir el grupo de empresas mencionado no está preparado para llevar a cabo una inversión”.

“Por lo tanto, la llamada ahora cancelada con el alcalde debe posponerse (sin fecha) hasta una nueva oportunidad cuando los referidos accionistas actuales del Grupo El Comercio finalmente descubran que sus expectativas (…) carecen de apoyo”.

El último domingo, Ortiz de Zevallos Olaechea leyó un comunicado en un canal de TV en que exige que se le reconozca como magistrado del Tribunal Constitucional, e hizo lo mismo ayer, presentando un nuevo oficio ante el TC en el que solicita que le den día y hora para tomarle juramento.

El domingo, entre otras cosas, balbuceó: “Fue el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde quien, a principios de marzo de este año, me expresó su disposición a proponerme como magistrado de ese alto tribunal”.

Sin embargo, García Belaunde dice otra cosa: “Él (Ortiz de Zevallos) nos buscó en marzo pasado porque quería postular y nos presentó su currículum, lo conozco hace 40 años, conozco a su padre, que fue el primer fiscal de la Nación el año 80, muy amigo del presidente Belaunde”.

Según Acción Popular, no fueron ellos quienes buscaron a Ortiz de Zevallos para proponerlo. Fue el mismo abogado que, ahora sabemos, representa intereses privados quien buscó un partido político distinto al que lo respaldaría para pedirle que lo postule al TC.

La pregunta en medio de esta controvertida situación es si los magistrados del TC deben admitir que un abogado que no tiene ninguna experiencia en materia constitucional (ver recuadro) y que, además, representa intereses privados vinculados a la política integre el máximo órgano de interpretación constitucional. Los peruanos no nos merecemos esto.

Antes de buscarlo en su oficina y luego en su casa, Oscar Quispe, el editor de Investigación de Perú21, le escribió a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea dos veces por WhatsApp y lo llamó cuatro veces a su teléfono celular y una al fijo de su casa. Toda la mañana de ayer, Perú21 intentó tomar la versión del abogado. En ningún caso respondió.

Pasadas las 11 fuimos a buscarlo a su oficina, a la dirección que consigna en su hoja de vida, Pardo y Aliaga 699 piso 6, San Isidro, pero nos dijeron que no trabaja allí hace por lo menos 13 años. Entonces, nos dirigimos a su casa, en un edificio cerca del Golf de San Isidro. Ahí el portero, después de llamar por el intercomunicador a su departamento, nos dijo que no estaba (imágenes en la web).

A la 1 con 18 minutos, como directora de Perú21 le escribí un WhatsApp: “Necesitamos conversar con usted porque tenemos en nuestro poder un correo electrónico que envió a Eric Hatzimemos, delegado de Rudolph Giuliani el último 11 de setiembre, en el que posterga, temporalmente, la conferencia telefónica que habían pactado. Usted posterga la conferencia en su calidad de representante de un grupo de inversionistas peruanos que estarían interesados en comprar el Grupo El Comercio. Como comprenderá, tenemos varias preguntas que hacerle al respecto. Por favor, respóndanos. Es importante para usted ofrecer su versión, así el público que leerá el artículo mañana podrá conocer sus argumentos y nosotros entender realmente a qué se dedica”.

La hoja de vida pública de Ortiz de Zevallos solo registra labores alrededor del derecho financiero y comercial. Algunos de estos trabajos los ocultó al Congreso cuando envió su CV para su candidatura al TC.

Entre setiembre de 1983 y julio de 1984, participó en la redacción de la Ley de Arrendamiento Financiero. Y actuó como consultor externo para el gobierno de F. Belaunde.

En 1995, fue consultor de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y redactó una guía para jefes de bancos e instituciones financieras.

En 1996, escribió la Ley General del Sistema Financiero para la SBS. En 1998 fue asesor legal de Mibanco. Labor que no consignó en su CV al Congreso.

En octubre de 1998, se incorporó como socio de la consultora Arthur Andersen y estuvo allí hasta mayo de 2002, cuando la firma fue absorbida por Ernst & Young. Lo curioso de este periodo de tiempo es que en paralelo (setiembre de 1999 - abril de 2005) fue presidente del Comité de Inversiones y Tecnologías Extranjeras, hoy conocido como Proinversión. Este trabajo tampoco se consigna en el CV al Congreso.

Desde agosto de 2004 a julio de 2007 fue vicepresidente de la UIF.

Casi en paralelo (2006-2008) fue miembro del consejo consultivo del ministro de la Producción Rafael Rey. En ese periodo también fue socio del estudio Echecopar, donde lideró operaciones de búsqueda de financiamiento y venta de activos.

Desde 2011 hasta marzo de 2019, cuando busca a García Belaunde para que lo nomine al TC, trabajó en el sector privado integrando directorios de una serie de empresas, hecho que no consignó en el CV para el Legislativo.

Desde 2014 y hasta hoy, Ortiz de Zevallos se presenta como árbitro jurídico registrado en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Ahí consigna que es especialista en derecho bancario, financiero y de seguros, derecho comercial y corporativo.

El ejercicio de un árbitro de la CCL se puede ver en la web de esta institución y en su Faro de Transparencia. Ortiz de Zevallos solo ha participado en tres procesos de arbitraje, en ninguno a solicitud de un cliente, siempre fue designado por el Centro de Arbitraje. De los tres casos, solo en uno se emitió un laudo arbitral, los otros dos fueron dados por concluidos, probablemente porque las partes transigieron.

La representación que oficia del grupo de inversionistas que anhela comprar los medios no aparece ni por asomo en la hoja de vida que presentó al disuelto Congreso.

El correo electrónico cuyo contenido más relevante publicamos en esta edición, y que prueba que el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea representaba intereses de inversionistas peruanos mientras enfrentaba el proceso de designación al Tribunal Constitucional, salió de la dirección electrónica del mismo letrado (gonzalo.ortizdezevallos.olaechea@gmail.com).

El e-mail original está en inglés. Ha sido traducido por la reconocida empresa Esit y legalizado por un notario público.

Obra en poder de Perú21 porque nos fue entregado por una de las personas a las que se lo reenvió, una prima del propio abogado que vive en el exterior, quien, a su vez, lo obtuvo porque se lo reenvió su hija, la sobrina de Ortiz de Zevallos Olaechea a quien él mismo pone en copia del correo que envía a Eric Hatzimemos el 11 de setiembre de este año. En el correo, el aspirante a tribuno aplaza la conferencia telefónica que debía sostener con Rudolph Giuliani.

-Sobre las 3:56 p.m. de ayer, el aspirante a tribuno envió, otra vez, un oficio al TC para que se le tome juramento lo antes posible. El 3 de octubre ya había enviado un primer oficio en que solicitaba lo mismo. ?

-A las 7:30 p.m., y después de buscarlo toda la mañana para tomar su versión, este diario volvió al domicilio de Gonzalo Ortiz de Zevallos. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Dejamos nuestros datos en la recepción.