Gobierno boliviano ultraja pensiones de trabajadores

En 2010, se aprobó una ley para crear la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo, más conocida como “Gestora”. Esta entidad se encargaría de administrar las pensiones de las dos AFP que existen en Bolivia, en un periodo que nunca se llegó a establecer. Trece años después, escándalos de corrupción y la politización de la entidad dificultaron que se haga una transición rápida al sector público.

Perú21 conversó con David Tuesta, exministro de Economía de Perú, quien alertó del riesgo de que el Estado boliviano sea el único administrador de pensiones. “El Estado es un mal administrador”, dijo. En ese sentido, señaló que han pasado más de diez años y aún no han podido poner en marcha a la Gestora para que reemplace en su totalidad a las AFP. Sin embargo, aseguró que dicha institución “ya tiene una cantidad importante de funcionarios públicos ganando altos sueldos y no gestionando absolutamente nada”.

El extitular de Economía consideró que es “peligroso” obligar a las AFP que compren bonos riesgosos.

“Si todo el mundo está señalando que tu país es riesgoso, tú lo que estás diciendo con ello es que a todos los afiliados, que con mucho esfuerzo han ahorrado su dinero, también lo hundan junto con el país”, aseguró.

Por su parte, Joaquín Rey, asesor externo en políticas públicas de la Asociación de AFP de Perú, le dijo a este diario que las medidas tomadas por el Gobierno boliviano son mala idea. “La finalidad de las AFP es maximizar la rentabilidad para los trabajadores, y cuando se jubilen tengan una buena pensión, no darle recursos al gobierno”, enfatizó.

El economista consideró que el presidente boliviano ha tomado una medida desesperada para financiar la deuda acumulada. Sin embargo, advirtió que ello perjudicará al sistema previsional boliviano. “Es una intromisión sumamente grande en la manera en que los privados administran sus pensiones de jubilación”, indicó.

“Es clarísimo que la intención del gobierno es capturar los ahorros de jubilación, simplemente para cubrir los gastos de sueldos y salarios del sector público”, le dijo a Perú21 Miguel Roca, diputado boliviano opositor. El parlamentario resaltó que “desde que asumió el poder Evo Morales, los funcionarios públicos han pasado de 200 mil a más de 500 mil”.

Roca coincidió con los economistas Tuesta y Rey, y señaló que emitir bonos es conveniente para el gobierno, pero no para las pensiones de los jubilados.

El diputado denunció que el Banco Central, la Gestora y la Autoridad de Pensiones y Seguros (ente regulador), se encuentran presididos por simpatizantes del presidente Arce “nombrados a dedo”, a pesar de que la ley lo prohíbe.

“Todas las instituciones financieras y monetarias están bajo el control del presidente, que lo ejerce a partir del Ministro de Economía que ha sido su pupilo en la universidad”, cuestionó Roca.