Los cuestionamientos al papel de los gobernadores y a los criterios para su nombramiento no son nuevos, pero sí constantes y múltiples.
Según conoció Perú21, Elmer Abad Najera –designado como gobernador de Chanchamayo (Junín), el 21 de febrero de 2014– tiene una denuncia policial en la Comisaría de La Merced, por agresión y violación. El oficio 366-VIII-Dirtepol-Hyo, del 5 de julio de 2012, solicita una pericia de integridad sexual para la mujer que acusa al ahora funcionario.
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El sábado pasado, este diario reveló el caso de Édgar Dionisio Santos, exgobernador de Junín, quien fue denunciado por presuntamente haber pedido a sus similares que depositen dinero a una cuenta de una caja municipal.
Un poco más atrás, en agosto de 2013, Perú21 dennunció que el exgobernador provincial de Tocache, Erwin Usuriaga, estuvo relacionado con el narcoterrorismo, específicamente con los hermanos Quispe Palomino. Incluso, testigos claves afirmaron que recibió dinero de Sendero Luminoso para postular a la alcaldía de la zona.
En setiembre de 2012, se conoció que un grupo de gobernadores de Cajamarca impulsó las protestas antimineras en la región, que lideró Gregorio Santos.