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Gianfranco Castagnola: “El Gobierno no tiene agenda ni visión”
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La proliferación y recrudecimiento de los conflictos sociales han generado alarma porque podrían pasar factura a todos los peruanos al desacelerar la economía y golpear el empleo. Sin embargo, ese no es el único problema, pues la erosión del sistema de pensiones y el deterioro de la institucionalidad pueden desencadenar escenarios negativos en otros frentes. En conversación con Perú21, el presidente de Apoyo Consultoría, Gianfranco Castagnola, explica qué riesgos se vislumbran para los peruanos.
La conflictividad ya perjudica la producción del sector minero, que cayó en marzo. ¿Qué tanto pueden afectar los conflictos al crecimiento de la economía?
La economía está en un claro proceso de desaceleración y es algo que no nos debe sorprender porque está respondiendo a lo que ocurre en el Gobierno y en la política. No puedes esperar que te vaya bien cuando hace las cosas mal, y este Gobierno viene haciendo las cosas muy mal (…). La proyección de crecimiento del PBI que tenemos en Apoyo Consultoría para este año es de 2.6%. Lo podemos dividir en dos partes, una primera mitad de 2022, en la que se iba a crecer cerca de 4% porque se está rebotando respecto de 2021. Entonces, este 4% es engañoso porque recoge una recuperación natural de algunas actividades vinculadas, como el turismo o restaurantes. Pero en la segunda mitad del año es muy probable que la economía crezca por debajo del 2%. Hay muchos factores que influyen en este bajo crecimiento.
Si comenzamos a revisar el aspecto de la minería y la conflictividad social, ¿cuál es la evolución que podemos prever en este sector?
En Cuajone, si no es por la presión de los trabajadores, seguiríamos con las actividades paralizadas. Y lo de Las Bambas es vergonzoso. Tenemos ya más de un mes de paralización. A Apurímac le está costando ingresos fiscales mayores de S/100 millones. La conflictividad va a hacer que este año la minería, en vez de crecer 7%, crezca 4%. Y también afecta al turismo, lo acabamos de ver hace poco en Cusco, con las carreteras (cerradas). Todo esto es producto de expectativas que generó este Gobierno y que luego, cuando le ha tocado salir a la cancha y tratar de manejar estos conflictos, los ha manejado realmente mal.
¿Los recientes cambios de funcionarios y la politización de altos cargos técnicos le están pasando la factura al gobierno? ¿Es esta la materialización del deterioro del sector público?
Definitivamente sí, y en muchos ámbitos del manejo de la cosa pública. En los últimos 30 años, el Perú fue construyendo una tecnoburocracia, que es una mezcla de tecnocracia con burocracia, que empezaba a manejar espacios en el Estado de forma profesional y cada vez mejor. Había campos donde siempre nos fue muy bien, como el Banco Central de Reserva o la SBS, por ejemplo (…). Poco a poco comenzaron a haber nuevos ámbitos y muchos fueron manejados por gente calificada y los distintos gobiernos fueron mejorando diversos espacios del Estado. Lo que tenemos ahora es una reversión total de esos avances. Tenemos un gobierno que cree que el Estado es un botín, que ha entrado a la administración pública con un afán de copamiento.
¿En qué sectores observa que ha habido un mayor deterioro?
En el caso del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, entiendo que hay entre 15 y 20 nuevos funcionarios que provienen del Gobierno Regional de Junín, que nunca fue un ejemplo de buen gobierno (…). Otro es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que concentra la mayor parte del presupuesto de la República. Es una vergüenza lo que está pasando ahí. Este es un sector que pareciera privilegiar los intereses informales y cuasi ilegales sobre la necesidad de promover la inversión privada y de calidad en infraestructura.
En cuanto al sistema de pensiones, ¿qué tan nocivo puede ser un nuevo retiro de fondos?
Lo que más me preocupa es que se sigue erosionando al sistema previsional. Hoy, debido a los retiros, que van a sumar en total como S/100,000 millones en los últimos años, casi podemos decir que no va a quedar un sistema previsional en el Perú. Y esto está hipotecando el futuro de nuevas generaciones porque, si la gente no ahorra para la vejez, ¿de qué van a vivir entonces? La preocupación es en qué medida estamos terminando de destruir lo poco que se había construido del sistema previsional en el Perú.
La propuesta del nuevo Código de Trabajo, que ha recibido muchas críticas por la informalidad que podría generar, va a ser discutida en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Qué daño podría causar la aprobación del proyecto actual?
Confío en que el CNT sea un espacio de reflexión donde se discutan todas las propuestas que presentó la ministra (Betssy Chávez) y se llegue a un consenso que no vuelva más rígido ni más difícil contratar personal, porque hoy es difícil para las empresas privadas contratar, tercerizar, hacer contratos a plazo fijo, despedir; es muy costoso (…). Una medida así precarizaría más el mercado laboral. La gran empresa tendría que ver cómo se acomoda, pero la mediana y pequeña empresa, que lucha con la formalidad, que está en el límite, terminaría siendo empujada crecientemente hacia la informalidad porque no podría soportar esos altos costos.
El Gobierno tiene un comportamiento en el que el favoritismo político en la administración pública se observa fácilmente. ¿Es el populismo que ya se ha visto antes en América Latina o un mercantilismo que se adapta al vaivén de la crisis que genera?
Es una experiencia un poco inédita. Es tener un Gobierno absolutamente improvisado de gente que no tiene la visión de qué hacer con el país, que cree que el hecho de haber ganado unas elecciones le genera el privilegio de copar el sector público con independencia, con prescindencia de las capacidades para ello. No tiene una agenda ni una visión (…). Creo que los años que vienen por delante van a ser duros y hay que asumirlo así, y creo que tenemos que levantar nuestra voz. Hoy solo se están pronunciando los medios de comunicación, algunos gremios, algunas ONG, pero hay un silencio muy triste.
DATO
Gianfranco Castagnola es economista, formado en la Universidad del Pacífico. Tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Ha sido miembro del directorio del BCR y actualmente es presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría.
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