Gastón Rodríguez, el ministro del Interior que no dijo la verdad en su primera gestión, volvió

“Quiero aclarar a la opinión pública que no tengo nada que ver con Los Intocables Ediles, no fui comprometido, en ningún momento me llamó la Fiscalía”, manifestó en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Pero la verdad es otra.

El 22 de mayo de 2019, Gastón Rodríguez tuvo que comparecer ante el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien lo citó en calidad de testigo. El mismo ministro lo confirmó, horas después de la conferencia, ante la pregunta de Perú21. “Fui como testigo de una de las partes, no como investigado. No omití información”, dijo en su momento.

Anoche, otra mentira quedó en evidencia. En el programa de Jaime Chincha en RPP, Rodríguez señaló que “el uso de perdigones está restringido” y que “los policías solo hicieron uso de bombas lacrimógenas luego de soportar un ataque” por parte de los manifestantes. Sin embargo, las imágenes de una canica extraída del cuerpo de uno de los reporteros gráficos del grupo El Comercio echan por la borda la posición del ministro. Ayer el periodista cubrió la marcha con su cámara fotográfica, pero mientras realizaba su labor recibió un impacto por la espalda. Situación que hizo que lo derivaran a un centro de salud donde se le extrajo, después de una cirugía, una canica del cuerpo.

Hoy, sobre el medio día, Rodríguez intentó justificar la presencia de perdigones: “Hay muchas críticas a unas declaraciones que yo expresé cuando dije que el uso de perdigones está restringido y se había usado de forma mínima. Me estaba refiriendo a perdigones que se utilizaban anteriormente a las villas que penetran en el cuerpo y son de carácter letal, eso está prohibido. Las armas que usa la Policía ahora son todas de carácter no letal, son elementos disuasivos por eso que algunas personas que han sido impactadas con estos perdigones muestran sus heridas en los medios de prensa, y ustedes pueden ver que es una circunferencia, pero no hay penetración”.

Gastón Rodríguez también es investigado por el caso Iza Motors. En dos semanas tendrá que rendir su declaración sobre los contratos ganados por el empresario Antonio Camayo cuando el general fue jefe de la región policial de Lima.