El Gasoducto está paralizado desde el 2017. (Foto: GEC)
El Gasoducto está paralizado desde el 2017. (Foto: GEC)

La demanda que presentó la empresa contra el Estado peruano por la paralización del proyecto Gasoducto del Sur, en febrero pasado, sigue su curso. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informó que dos árbitros han aceptado integrar el tribunal que evaluará ese recurso.

La compañía brasileña exige US$1,200 millones de indemnización, a pesar de que se acogió a la colaboración eficaz al reconocer el pago de sobornos a funcionarios en distintas obras públicas.

En la página web del Ciadi, que solo tramita controversias relacionadas a proyectos de inversión, la demanda figura como “pendiente”. Pero el 4 de febrero fue registrada por la secretaría general de la entidad. El primer paso para iniciar con este tipo de procesos.

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En el portal se consigna que el abogado suizo Charles Poncet y su colega austriaco August Reinisch conformarán el tribunal. Solo falta conocer al último integrante que será el presidente del tribunal. Luego de esto se convocará a la primera audiencia.

Poncet fue propuesto por Odebrecht. Es un abogado de 74 años que estudió derecho en Ginebra (Suiza) y Washington (Estados Unidos). Ha publicado textos sobre el arbitraje internacional, que es su especialidad.

Árbitro suizo Charles Poncet. (poncent.law)
Árbitro suizo Charles Poncet. (poncent.law)

Reinisch, en tanto, tiene 55 años y fue presentado por el Estado peruano. Tiene una maestría en filosofía por la Universidad de Viena y es doctor en jurisprudencia por la misma casa de estudios. En su curriculum ha consignado una trayectoria en derecho internacional y de arbitraje.

Ábitro austriaco August Reinisch (Captura youtube)
Ábitro austriaco August Reinisch (Captura youtube)

Durante la pandemia, el Ciadi ha continuado con el proceso de distintas demandas y ha conformado los tribunales de manera virtual. Por ejemplo, la demanda interpuesta por Hamburg Commercial Bank AG contra Italia ha registrado su primera sesión remota el pasado 30 de julio.

Como informó Perú21 en su momento, la constructora quiere recuperar su inversión ante la imposibilidad de retomar la ejecución del megaproyecto, paralizado desde 2017. Odebrecht busca que otra empresa continúe con el desarrollo del proyecto pero que le pague por los tubos que compró.

El Estado contrató al estudio de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer, Washington D.C., U.S.A. and London, U.K. para que defienda sus intereses en este conflicto.

La fiscal peruana Geovana Mori investiga la concesión del Gasoducto a la firma brasileña. Según su investigación, el gobierno de Ollanta Humala habría direccionado la adjudicación de la obra en favor de Odebrecht.

Si bien Mori investiga a la exprimera dama Nadine Heredia y a los exminitros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por supuestamente haber encaminado la concesión en beneficio de la firma, no les imputa haber recibido sobornos a cambio de ese aparente favorecimiento. A los tres les atribuye los delitos de asociación ilícita y colusión.

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