Pese al rechazo de amplios sectores políticos y técnicos, así como del presidente Martín Vizcarra y del titular del Congreso, Daniel Salaverry, el fujimorismo no está dispuesto a dar su brazo a torcer en la ley sobre financiamiento ilegal a los partidos. Fuerza Popular no apoyará la reconsideración presentada por Nuevo Perú (NP) contra la iniciativa.
En declaraciones a la prensa, Rosa Bartra, quien también es presidenta de la Comisión de Constitución, anunció que votará en contra de la propuesta planteada por NP.
“De los proyectos de ley (presentados sobre) financiamiento de organizaciones políticas, ninguno ha sido de Fuerza Popular ni del Apra. Han sido de PpK, APP y el FA. No han sido exprés, tienen más de un año analizándose. (...) No hay motivos para reconsiderar”, afirmó la fujimorista.
Como el presidente ya anunció que si la autógrafa llega a su despacho, la observará, Bartra indicó que si eso sucediese, ellos estudiarán lo indicado por el Ejecutivo “y de ser necesario, atenderemos las observaciones”.
CUESTIONAMIENTOS
¿Por qué la norma genera preocupación? Cuando se aprobó el proyecto de ley a inicios de diciembre, este diario consultó con el secretario de Transparencia, Gerardo Távara, y el ex fiscal Avelino Guillén. Ambos señalaron que beneficia a personas investigadas como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Távara también advirtió que con la propuesta “se condiciona la labor del Ministerio Público”, lo cual sería perjudicial para las investigaciones.
Sobre la postura de Fuerza Popular, el vocero de NP, Richard Arce, manifestó a este diario que tal posición responde a un interés que tiene el partido.
“La ley tiene nombre propio, y con ella se debilita la lucha contra la corrupción. Sabemos qué cosa quieren tapar con la norma”, afirmó.
Yonhy Lescano, de Acción Popular (AP), tiene una postura similar a la de Arce, y consideró que “al fujimorismo no le interesa el país; solo están desesperados por salvar a la señora Keiko Fujimori. En Fuerza Popular atentan contra el país, no les interesa el Perú, solo su agrupación”.
Además, comentó que si no se aprueba la reconsideración, el presidente del Congreso tiene la obligación de firmarla, pese a que en su momento él dijo que no lo haría.
“Cuando Daniel Salaverry informó que no firmaría el dictamen, era porque había una reconsideración. Si la reconsideración no se aprueba, se tendrá que enviar al Ejecutivo y ahí se debe observar. En caso de que el Congreso insista en sacarla, después de la observación del gobierno, pues tendremos que acudir al Tribunal Constitucional (TC)”, dijo.
El pedido de reconsideración estaba en la agenda del Pleno de ayer, pero al cierre de esta edición, no se ponía aún a debate.