El pasado 30 de marzo, los congresistas fujimoristas Karina Beteta y Víctor Albrecht presentaron el proyecto de ley 1116/2016-CR que busca modificar el decreto legislativo 1301 que regula el proceso de colaboración eficaz ante la Justicia en el Código Penal.
Uno de los puntos del DL 1301, promulgado por el actual gobierno, indica que "los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución, siempre que su aporte permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico".
No obstante, para los legisladores esta sección de la norma es "indebida e irresponsable" y critican que exista la figura de la suspensión de la ejecución de la pena.
Por ello, los parlamentarios de Fuerza Popular proponen modificar el texto y colocar que "la suspensión de la pena, en ningún caso, es aplicable en los delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado; y su reducción puede fijarse como máximo hasta el extremo mínimo de la pena prevista".
De aprobarse el proyecto de ley se modficaría el numeral 6 del artículo 475 del Código Penal.