Tras el escándalo suscitado por las revelaciones de pago de US$29 millones en sobornos en el Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que la empresa brasileña Odebrecht no participará en futuras licitaciones convocadas por el Estado.
Ante este caso, la Fiscalía evalúa un embargo preventivo sobre los bienes de la firma en el Perú con el propósito de garantizar una reparación civil.
Así lo informó una fuente del Ministerio Público a este diario, quien explicó que se requiere "con carácter de urgencia" más personal, peritos y presupuesto para investigar el citado caso.
En esa línea, el ex procurador Christian Salas manifestó a Perú21 que, legalmente, la Fiscalía tiene las facultades para solicitar un embargo preventivo sobre los bienes y las cuentas de las personas y empresas que vienen siendo investigadas en este caso, siempre y cuando se cuente con elementos probatorios que vinculen a estas personas con actos delictivos.
Añadió que sería importantísimo que el Estado peruano, a través de los entes respectivos, revalúe la suspensión de los contratos con esta empresa.
Opinión similar manifestó el legislador de Peruanos por el Kambio Pedro Olaechea, quien consideró que el Poder Judicial debe actuar rápidamente en este caso.
"El embargo preventivo tiene por objeto proteger el valor de la empresa y cuando vengan las sanciones y resarcimientos, habrá un valor comercial sostenido que pueda cubrir los daños", señaló en el noticiero Buenos días, Perú.
En ese escenario, el ex procurador César Azabache manifestó a este diario que en un inicio debería abrirse una mesa de trato directo en la que Odebrecht acepte cubrir y garantizar las responsabilidades patrimoniales que ha adquirido por haber corrompido a funcionarios del Perú. Asimismo, dijo, Odebrecht debería aceptar que el Estado retenga, si los tiene, pagos a su favor el mencionado monto más la indemnización por daños y prejuicios.TENGA EN CUENTA