Por: Alvaro Reyes / Carlos Neyra
El pasado 6 de marzo, la fiscal anticorrupción Zoila Sueno dispuso abrir investigación preliminar al presidente Pedro Pablo Kuczynski y al ex mandatario Alejandro Toledo por la concesión, en el año 2004, del Lote 56, una de las cuatro áreas gasíferas ubicadas en Camisea (Cusco).
De acuerdo con la resolución fiscal, a la que accedió Perú21, Toledo y Kuczynski serán investigados los próximos ocho meses por colusión, ya que, a juicio del Ministerio Público, hay indicios de una presunta concertación entre los funcionarios con el Consorcio Gas de Camisea, al que se le adjudicó el lote sin licitación. El consorcio es liderado por Pluspetrol y lo integra, además, Hunt Oil, compañía que recibió la asesoría profesional de PPK durante el año 2003.
Sueno acumuló dos denuncias: la que el año pasado interpuso la Coordinadora Nacional Anticorrupción y la que en 2012 fue archivada por la Fiscalía. Las razones que sustentan la resolución apuntan a que en esta última investigación, que se inició en marzo de 2008 con una denuncia de la Contraloría, no se realizaron las pericias “de carácter técnico, económico y especializado” para esclarecer si hubo algún hecho ilegal en la adjudicación.
Agrega que en el contrato se establecieron “irregularmente” límites de regalías superiores a los correspondientes y disposiciones para que bienes que debían pasar a manos del Estado se quedaran con la empresa.
En la apertura de esta nueva investigación, la Fiscalía señala que Toledo, como presidente, y Kuczynski, como ministro de Economía, suscribieron el DS 123-2004 con el que “se otorgó un beneficio” el Consorcio Camisea porque se le concedió “el derecho de vender la totalidad del gas” y “la libre disponibilidad” de los recursos para su exportación.
La irregularidad, según la resolución, estaría en que este consorcio le dio esos beneficios a su cliente Perú LNG. Esta compañía es liderada por Hunt Oil, empresa que, como se ha mencionado, también integra el Consorcio Camisea.
Cuando Kuczynski dejó la cartera de Economía, en 2002, pasó a asesorar un año después a Hunt Oil en temas financieros. En 2004, cuando regresa al MEF, Kuczynski suscribe el decreto que favorecía a la empresa con la que había contratado.
Perú21, en su edición del 19 de febrero, ya había dado cuenta de este favorecimiento de parte de PPK a los adjudicatarios de los lotes gasíferos.
La Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) prohíbe a los funcionarios públicos participar en decisiones que favorezcan a las empresas en las que trabajaron antes. Pese a esta disposición, PPK firmó el decreto que terminó beneficiando a Hunt Oil con el Lote 56. Este es un caso más en el que se ve involucrado el presidente, ya que debe responder por sus vínculos con Odebrecht, con la que su empresa Westfield ha tenido más de un contrato.
En el marco de la investigación por la IIRSA Sur, el fiscal Hamilton Castro lo interrogará hoy. Como titular del MEF, PPK exoneró del SNIP a dicha obra, ejecutada por Odebrecht.
TENGA EN CUENTA
- Gonzalo del Río, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, dijo a Perú21 que la Fiscalía no puede investigar a su patrocinado porque goza de inmunidad y porque la nueva denuncia no tendría nuevos elementos con respecto a la que se archivó en 2012.
- Sin embargo, una fuente del Ministerio Público indicó que sí se pueden iniciar acciones indagatorias a PPK en su calidad de ex ministro. La fiscal dispuso la realización de varias diligencias.