La Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial la suspensión temporal, por 36 meses, en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo, entre otros.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó sobre este requerimiento.
Casi de inmediato, el Poder Judicial programó la audiencia de requerimiento para tratar este pedido el próximo miércoles 22 de mayo a las 9:30 de la mañana.
Semanas atrás, Patricia Benavides se presentó ante la Junta Nacional de Justicia para dar sus descargos ante el informe emitido por la instructora del caso, Inés Tello debido a las faltas “muy graves” de las que se le acusa durante su gestión como fiscal de la Nación entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
Según dicho informe, Benavides —quien fue suspendida como titular del Ministerio Público por las investigaciones en su contra como presunta líder de una organización criminal— habría cometido una falta muy grave al remover sin sustento a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a Enma Benavides, su hermana, por la presunta liberación de un narcotraficante.
Asimismo, se le atribuye haber dado un trato denigrante a la fiscal suprema provisional Revilla Corrales, haber favorecido indebidamente al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, y haber emitido resoluciones sin motivación.
Es importante destacar que anteriormente, el Poder Judicial ya ha suspendido a un fiscal supremo en el 2020. Se trata de Pedro Chávarry quien fue separado de su cargo.
En aquella ocasión, el juez supremo Hugo Núñez Julca aprobó el pedido formulado por el Ministerio Público.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, suspendió del cargo por 18 meses al fiscal supremo titular Pedro Chávarry Vallejos, investigado por encubrimiento real en agravio del Estado.
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